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Recupera Chihuahua 577.8 mdp de presunta red de corrupción de exgobernador

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El Gobierno del Estado informó que ha recuperado hasta el momento 577 millones 881 mil 987 pesos, producto de créditos fiscales y las auditorías fiscales realizadas dentro de la Operación Justicia para Chihuahua que combate el saqueo de las arcas públicas realizado durante la administración anterior.

La Secretaría de Hacienda informó que de esa cantidad, hay una parte que se denomina cifra cobrada por 205 millones 412 mil 619 pesos, la cual corresponde a cobros realizados directamente a los contribuyentes y que pagaron en el transcurso del desarrollo de las auditorías.

Los otros 372 millones 469 mil 368 pesos están en un Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que es dinero que ya se recibió y se compone de cifras virtuales que arrojan las auditorías. Este monto corresponde al incentivo fiscal que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga al Estado por detectar las evasiones.

En relación al FOFIR, la dependencia detalló que se logró la recuperación de las siguientes cantidades: en 2017, 3 millones 392 mil 414 pesos; en 2018, 79 millones 531 mil 212 pesos; en 2019, 72 millones 332 mil 767 pesos y el 2020, 217 millones 212 mil 975 pesos.

Además de los más de 577 millones ya recuperados, como parte de las acciones fiscales de la Operación Justicia para Chihuahua, se han practicado 148 auditorías, las cuales han derivado en la emisión de 56 créditos fiscales cuyo monto a recuperar es de mil 896 millones 814 mil 433 pesos.

También están pendientes de emitir otros 10 créditos por un monto de 87 millones 371 mil 834 pesos, por lo que el monto por recuperar alcanza 1 mil 984.1 millones de pesos.

De esta manera, la estrategia fiscal de recuperación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado proyecta una recuperación total de 2 mil 562 millones 068 mil 254 pesos.

Acontecer

Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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