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Recupera Chihuahua 577.8 mdp de presunta red de corrupción de exgobernador

El Gobierno del Estado informó que ha recuperado hasta el momento 577 millones 881 mil 987 pesos, producto de créditos fiscales y las auditorías fiscales realizadas dentro de la Operación Justicia para Chihuahua que combate el saqueo de las arcas públicas realizado durante la administración anterior.

La Secretaría de Hacienda informó que de esa cantidad, hay una parte que se denomina cifra cobrada por 205 millones 412 mil 619 pesos, la cual corresponde a cobros realizados directamente a los contribuyentes y que pagaron en el transcurso del desarrollo de las auditorías.

Los otros 372 millones 469 mil 368 pesos están en un Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que es dinero que ya se recibió y se compone de cifras virtuales que arrojan las auditorías. Este monto corresponde al incentivo fiscal que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga al Estado por detectar las evasiones.

En relación al FOFIR, la dependencia detalló que se logró la recuperación de las siguientes cantidades: en 2017, 3 millones 392 mil 414 pesos; en 2018, 79 millones 531 mil 212 pesos; en 2019, 72 millones 332 mil 767 pesos y el 2020, 217 millones 212 mil 975 pesos.

Además de los más de 577 millones ya recuperados, como parte de las acciones fiscales de la Operación Justicia para Chihuahua, se han practicado 148 auditorías, las cuales han derivado en la emisión de 56 créditos fiscales cuyo monto a recuperar es de mil 896 millones 814 mil 433 pesos.

También están pendientes de emitir otros 10 créditos por un monto de 87 millones 371 mil 834 pesos, por lo que el monto por recuperar alcanza 1 mil 984.1 millones de pesos.

De esta manera, la estrategia fiscal de recuperación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado proyecta una recuperación total de 2 mil 562 millones 068 mil 254 pesos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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