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México

Recursos para el campo en 2018 serán insuficientes: diputados

En la Cámara de Diputados, integrantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y legisladores advirtieron que en 2018, los recursos que el Ejecutivo Federal prevé asignar al campo son claramente insuficientes.

Miembros del organismo presidido por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Hugo Cabrera, manifestaron que ante el reducido presupuesto para el campo, es necesario analizar qué programas tienen recursos asignados y conforme a los resultados que reporten este 2017, decidir el monto de las partidas a entregar.

Señalaron que 40 por ciento de los programas equivalen al 29 por ciento de lo asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, distribuidos en 11 ramos, recibirán en total 235 mil 992 millones de pesos, casi siete mil millones más que este año, cuando se ejercerán 229 mil 118 millones de pesos.

Aunque la cifra prevista para el año entrante es mayor que la destinada en 2017, indicaron que no será suficiente, ya que de acuerdo a los especialistas del Centro, que evaluaron los Precriterios Generales de Política Económica del Ejecutivo Federal, las necesidades del país y del sector del campo serán mayores.

Detallaron que de los elementos adscritos al Programa Especial Concurrente, los que aplica la Secretaría de Agricultura, el año entrante obtendrán una partida mínimamente mayor que este 2017, al subir de 55 mil 274 millones a 56 mil 933 millones de pesos, es decir, mil 658 millones de pesos más.

Añadieron que el programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tendrá 120 millones de pesos más en 2018.

El Programa de Inclusión Social obtendrá por la vía del Sistema Nacional de Protección en Salud; programas de vivienda rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tendrán un aumento de mil 891 millones de pesos.

Otros programas de infraestructura hídrica e hidroagrícola en el ámbito rural, operados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, obtendrán 120 millones de pesos más.

Lo mismo ocurrirá con planes que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social, que tendrán dos mil 330 millones de pesos; y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con 168 millones de pesos.

Pese a que las cifras presentan ligeros aumentos y se prevé una menor incertidumbre económica a nivel internacional, recordaron que el Ejecutivo ha proyectado aplicar un recorte de 43.8 mil millones de pesos al gasto, y por lo tanto, es previsible que los recursos para el campo también tengan ajustes.

MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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