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Reforma eléctrica de AMLO crea monopolios y ahuyenta capitales: Cámara de Comercio de EU

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La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la reforma eléctrica presentada al Congreso mexicano, esta semana, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca monopolizar al sector, lo que contraviene los compromisos comerciales adoptados por México y ahuyenta capitales privados.

“La reforma eléctrica presentada esta semana al Congreso mexicano es profundamente problemática, los cambios drásticos que propone abrirían la puerta al restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico”, puntualizó Neil Harrington, vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio estadunidense.

“Contravendría directamente los compromisos de México bajo el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) y, aún más, estos cambios incrementarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a las energías limpias a los ciudadanos mexicanos”, precisó.

A nombre del sector privado agremiado a ese foro independiente, Harrington expresó que la reforma energética es la última de las decisiones tomadas por el gobierno de López Obrador en contra de inversiones foráneas.

Por ello, a nombre del sector empresarial y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Harrington exigió al gobierno mexicano retirar del Congreso el proyecto de reforma energética que empoderaría más a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hacemos un llamado al gobierno mexicano a que retire el proyecto de ley y se involucre con el sector privado en la búsqueda de soluciones tangibles para fortalecer a la industria energética”, manifestó.

El vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio indicó que el gremio empresarial que representa está preparado para trabajar con el gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, y con el gobierno mexicano, para buscar una alternativa, “para respaldar un sector eléctrico competitivo en México con un margen de juego (y participación) para el sector privado y que contribuya al desarrollo sustentable y la generación de empleos”.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos considera que la reforma energética propuesta por López Obrador socava la confianza de los inversores extranjeros en México, justo cuando el país requiere más del capital foráneo para la recuperación macroeconómica.

“Mientras el país emerge de su peor crisis y contracción económica desde la Gran Depresión, nada será tan vital para su recuperación que los empleos y crecimiento que Estados Unidos y otros inversores puedan generar”, remató Harrington.

Fuente: apro

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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