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Opinión

Reformas. Por Raúl Saucedo

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La Narrativa Nacional

Cuando hablamos de las reformas constitucionales, hablamos de la estructura jurídica y política de cualquier nación. No solo definen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sino que también actúan como el andamiaje que sostiene la estabilidad política, económica y social del País.Estas modificaciones, que pueden ser parciales o totales, tienen un impacto significativo en la gobernabilidad y en la narrativa política que cada país construye en torno a su proyecto de nación. A lo largo de la historia, muchos gobiernos han utilizado las reformas constitucionales no solo para adaptar el sistema legal a nuevas realidades sociales al interior de su país, sino también como una herramienta para consolidar o modificar el poder en la geopolítica.

Uno de los aspectos más cruciales de las reformas constitucionales es su relación directa con la gobernabilidad. En un contexto político, la gobernabilidad se refiere a la capacidad de un gobierno para ejercer su autoridad de manera efectiva y legítima, manteniendo el orden y la cohesión social. Las constituciones, en su calidad de marco legal supremo de un país, establecen los principios fundamentales bajo los cuales se organiza el poder, se limitan las ilegalidades y se garantizan los derechos.

Cuando una constitución se reforma, generalmente se hace con el objetivo de optimar este marco, ya sea modernizándolo para reflejar realidades sociales, como el reconocimiento de nuevos derechos civiles, o ajustándolo a nuevas estructuras políticas. Este proceso de ajuste es esencial para asegurar que el sistema político funcione de manera fluida y en sintonía con las demandas de los ciudadanos.

En el marco latinoamericano, mencionare a Chile quien tuvoun estallido social en el año 2019 y se vio en la necesidad de redactar una nueva constitución (Renovación Total) que sustituiría a la carta magna de 1980, heredada de la dictadura de Pinochet, está ya no reflejaba las aspiraciones legítimasdel pueblo chileno, es así como la creación de un nuevo orden constitucional se convirtió en la única vía posible para restaurar la legitimidad del sistema político. Este proceso constituyente permitió la adaptación del sistema de gobierno a una nueva realidad sin tener que recurrir a cambios violentos o ilegítimos.

Las reformas constitucionales también juegan un papel central en la narrativa política de los gobiernos y las naciones. En muchos casos, los líderes políticos impulsan reformas como parte de un discurso de cambio o renovación. Las constituciones no son simplemente documentos legales; son la expresión máxima de los valores, aspiraciones y hastamiedos de una nación en un momento determinado de su historia. Por tanto, las reformas que se proponen o se implementan pueden tener un impacto simbólico tan fuerte como su efecto práctico.

En naciones con democracias jóvenes o en proceso de consolidación, las reformas constitucionales suelen utilizarse para legitimar nuevos sistemas. Los gobernantes electos a menudo ven en estos cambios una oportunidad para desvincularse del pasado o promoviendo una narrativa de justicia, igualdad y progreso.

En este sentido, la narrativa en torno a las reformas puede ser tan variada como los actores que las promueven. Mientras que para algunos son un símbolo de avance democrático, para otros pueden representar una amenaza a la estabilidad o a los derechos adquiridos. En el caso de reformas que afecten a la estructura del poder, es común que el debate público se polarice entre quienes defienden el cambio como una modernización necesaria y quienes lo ven como una erosión de las garantías democráticas.

A pesar de su importancia, las reformas constitucionales no siempre son fáciles de implementar. El proceso a menudo implica un delicado equilibrio entre los intereses de distintos actores políticos, económicos y sociales. En democracias consolidadas, estas reformas suelen requerir amplios consensos, reflejando el carácter plural de sus sociedades. En sistemas más absorbentes, las reformas pueden aprobarse mediante procedimientos menos inclusivos, lo que puede llevar al deterioro de la legitimidad y el aumento del conflicto en la base social.

Mientras usted apreciable lector leyó las líneas anteriores quizá pudo recordar o imaginar algunas reformas constitucionales parciales que directa o indirectamente lo han afectado en su que hacer como ciudadano, es aquí donde quizá es necesario releer esta columna y acomodar en su justa dimensión el ruido de las redes sociales.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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