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Opinión

Reformas. Por Raúl Saucedo

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La Narrativa Nacional

Cuando hablamos de las reformas constitucionales, hablamos de la estructura jurídica y política de cualquier nación. No solo definen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sino que también actúan como el andamiaje que sostiene la estabilidad política, económica y social del País.Estas modificaciones, que pueden ser parciales o totales, tienen un impacto significativo en la gobernabilidad y en la narrativa política que cada país construye en torno a su proyecto de nación. A lo largo de la historia, muchos gobiernos han utilizado las reformas constitucionales no solo para adaptar el sistema legal a nuevas realidades sociales al interior de su país, sino también como una herramienta para consolidar o modificar el poder en la geopolítica.

Uno de los aspectos más cruciales de las reformas constitucionales es su relación directa con la gobernabilidad. En un contexto político, la gobernabilidad se refiere a la capacidad de un gobierno para ejercer su autoridad de manera efectiva y legítima, manteniendo el orden y la cohesión social. Las constituciones, en su calidad de marco legal supremo de un país, establecen los principios fundamentales bajo los cuales se organiza el poder, se limitan las ilegalidades y se garantizan los derechos.

Cuando una constitución se reforma, generalmente se hace con el objetivo de optimar este marco, ya sea modernizándolo para reflejar realidades sociales, como el reconocimiento de nuevos derechos civiles, o ajustándolo a nuevas estructuras políticas. Este proceso de ajuste es esencial para asegurar que el sistema político funcione de manera fluida y en sintonía con las demandas de los ciudadanos.

En el marco latinoamericano, mencionare a Chile quien tuvoun estallido social en el año 2019 y se vio en la necesidad de redactar una nueva constitución (Renovación Total) que sustituiría a la carta magna de 1980, heredada de la dictadura de Pinochet, está ya no reflejaba las aspiraciones legítimasdel pueblo chileno, es así como la creación de un nuevo orden constitucional se convirtió en la única vía posible para restaurar la legitimidad del sistema político. Este proceso constituyente permitió la adaptación del sistema de gobierno a una nueva realidad sin tener que recurrir a cambios violentos o ilegítimos.

Las reformas constitucionales también juegan un papel central en la narrativa política de los gobiernos y las naciones. En muchos casos, los líderes políticos impulsan reformas como parte de un discurso de cambio o renovación. Las constituciones no son simplemente documentos legales; son la expresión máxima de los valores, aspiraciones y hastamiedos de una nación en un momento determinado de su historia. Por tanto, las reformas que se proponen o se implementan pueden tener un impacto simbólico tan fuerte como su efecto práctico.

En naciones con democracias jóvenes o en proceso de consolidación, las reformas constitucionales suelen utilizarse para legitimar nuevos sistemas. Los gobernantes electos a menudo ven en estos cambios una oportunidad para desvincularse del pasado o promoviendo una narrativa de justicia, igualdad y progreso.

En este sentido, la narrativa en torno a las reformas puede ser tan variada como los actores que las promueven. Mientras que para algunos son un símbolo de avance democrático, para otros pueden representar una amenaza a la estabilidad o a los derechos adquiridos. En el caso de reformas que afecten a la estructura del poder, es común que el debate público se polarice entre quienes defienden el cambio como una modernización necesaria y quienes lo ven como una erosión de las garantías democráticas.

A pesar de su importancia, las reformas constitucionales no siempre son fáciles de implementar. El proceso a menudo implica un delicado equilibrio entre los intereses de distintos actores políticos, económicos y sociales. En democracias consolidadas, estas reformas suelen requerir amplios consensos, reflejando el carácter plural de sus sociedades. En sistemas más absorbentes, las reformas pueden aprobarse mediante procedimientos menos inclusivos, lo que puede llevar al deterioro de la legitimidad y el aumento del conflicto en la base social.

Mientras usted apreciable lector leyó las líneas anteriores quizá pudo recordar o imaginar algunas reformas constitucionales parciales que directa o indirectamente lo han afectado en su que hacer como ciudadano, es aquí donde quizá es necesario releer esta columna y acomodar en su justa dimensión el ruido de las redes sociales.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Petróleo, poder y una vecindad incómoda. Por Caleb Ordóñez T.

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Durante años, Nicolás Maduro fue para México (y para buena parte del continente) un problema ajeno, distante, encapsulado en el discurso ideológico y en la tragedia humanitaria. Venezuela era “el otro”, el ejemplo extremo. Hoy ya no. Hoy Venezuela volvió al centro del tablero regional y, querámoslo o no, sus movimientos impactan directamente a México, a nuestra economía energética y a nuestra relación con Estados Unidos.

Tras la caída política y operativa de Maduro, emerge una figura que muchos subestimaron durante años: Delcy Rodríguez. Inteligente, dura, formada y con un instinto de supervivencia política notable, Delcy no gobierna desde la épica revolucionaria sino desde la urgencia. Su presidencia no es el resultado de una transición democrática ejemplar, sino de una implosión del poder chavista y de una presión internacional inédita.

Y aquí aparece el actor que realmente ordena la escena: Donald Trump.

Trump, Delcy y una relación que nadie imaginó; pero todos entienden.

La relación entre Trump y Delcy Rodríguez es, por decirlo suavemente, antinatural. Durante años ella fue sancionada, vetada y exhibida como parte del núcleo duro del chavismo. Hoy, sin embargo, se ha convertido en la interlocutora necesaria. No porque haya afinidad ideológica, sino porque el petróleo manda.

Trump no está interesado en “democratizar” Venezuela por convicción moral. Está interesado en controlar flujos energéticos, estabilizar precios, reducir dependencias incómodas y, de paso, enviar un mensaje interno de fuerza. Delcy lo sabe. Y no puede jugar con eso.

Venezuela necesita oxígeno económico; Estados Unidos necesita petróleo confiable y bajo control. El resultado es una relación áspera, vigilada, pero funcional. Nadie se abraza. Nadie confía. Pero todos negocian.

Aquí es donde México entra de lleno en la historia sufriendo un golpe silencio.

Cuando Estados Unidos decide colocar millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado —bajo esquemas controlados y políticamente diseñados— no solo mueve a Caracas y Washington. Mueve al Golfo de México, mueve refinerías, contratos, márgenes y estrategias.

Para Pemex, esto no es una nota internacional: es una variable directa de negocio.

Más petróleo pesado en el mercado significa:

• Mayor presión sobre precios.

• Competencia directa en ciertos nichos de refinación.

• Ajustes en los márgenes de ganancia.

• Reconfiguración de flujos en la región.

Pemex ya opera con una carga financiera enorme, con refinerías que aún buscan estabilidad y con un modelo que depende mucho más de la política que del mercado. Si Estados Unidos refina petróleo venezolano y luego lo redistribuye, México puede terminar comprando derivados a precios más competitivos, pero también perdiendo mucho espacio estratégico.

Es una paradoja peligrosa: gasolina más barata a corto plazo, pero menor autonomía energética a mediano plazo.

Claudia Sheinbaum: la intermediaria.

En este escenario aparece una figura clave para México: la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no heredó una relación fácil -para nada- con Trump. Nadie lo hubiera podido lograr. Pero tampoco llegó con el discurso de confrontación que muchos temían. Su papel ha sido —hasta ahora— el de intermediaria racional, no ideológica, entre Washington y América Latina.

México no puede darse el lujo de romper con Estados Unidos por este tema, pero tampoco puede asumir un rol sumiso frente a decisiones que impactan su economía. Sheinbaum lo sabe y por eso ha optado por una diplomacia silenciosa, técnica, enfocada en estabilidad.

Su interlocución con Trump no busca protagonismo mediático; busca evitar sobresaltos. Que el petróleo venezolano no se convierta en un factor de desestabilización regional. Que Pemex no quede atrapado entre decisiones ajenas. Que México siga siendo un actor confiable y no un espectador pasivo.

Nada de esto ocurre en el vacío. Trump no actúa solo como presidente; actúa como candidato permanente. En noviembre se juegan las elecciones del Congreso estadounidense y su margen de maniobra depende de llegar fortalecido.

Para Trump, Venezuela cumple varias funciones:

1. Demuestra control internacional.

2. Refuerza su narrativa de “orden” y “liderazgo”.

3. Le permite hablar de energía, precios y seguridad.

4. Le da resultados tangibles para vender al electorado.

Pero el margen es estrecho. Si la estrategia se percibe como desordenada, intervencionista o caótica, puede volverse en su contra. Un Congreso hostil limitaría su política exterior, abriría investigaciones y desdibujaría acuerdos frágiles como el venezolano.

Por eso Trump necesita “planchar” la situación: petróleo fluyendo, Delcy controlada, región estable. Sin sobresaltos. Sin imágenes incómodas.

El petróleo vuelve a recordarnos una vieja lección: en América Latina, la ideología pasa, pero la geopolítica se queda. Y entenderla —con datos, sin consignas ideológicas— es más urgente que nunca.

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