Opinión

Reformas. Por Raúl Saucedo

La Narrativa Nacional

Cuando hablamos de las reformas constitucionales, hablamos de la estructura jurídica y política de cualquier nación. No solo definen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sino que también actúan como el andamiaje que sostiene la estabilidad política, económica y social del País.Estas modificaciones, que pueden ser parciales o totales, tienen un impacto significativo en la gobernabilidad y en la narrativa política que cada país construye en torno a su proyecto de nación. A lo largo de la historia, muchos gobiernos han utilizado las reformas constitucionales no solo para adaptar el sistema legal a nuevas realidades sociales al interior de su país, sino también como una herramienta para consolidar o modificar el poder en la geopolítica.

Uno de los aspectos más cruciales de las reformas constitucionales es su relación directa con la gobernabilidad. En un contexto político, la gobernabilidad se refiere a la capacidad de un gobierno para ejercer su autoridad de manera efectiva y legítima, manteniendo el orden y la cohesión social. Las constituciones, en su calidad de marco legal supremo de un país, establecen los principios fundamentales bajo los cuales se organiza el poder, se limitan las ilegalidades y se garantizan los derechos.

Cuando una constitución se reforma, generalmente se hace con el objetivo de optimar este marco, ya sea modernizándolo para reflejar realidades sociales, como el reconocimiento de nuevos derechos civiles, o ajustándolo a nuevas estructuras políticas. Este proceso de ajuste es esencial para asegurar que el sistema político funcione de manera fluida y en sintonía con las demandas de los ciudadanos.

En el marco latinoamericano, mencionare a Chile quien tuvoun estallido social en el año 2019 y se vio en la necesidad de redactar una nueva constitución (Renovación Total) que sustituiría a la carta magna de 1980, heredada de la dictadura de Pinochet, está ya no reflejaba las aspiraciones legítimasdel pueblo chileno, es así como la creación de un nuevo orden constitucional se convirtió en la única vía posible para restaurar la legitimidad del sistema político. Este proceso constituyente permitió la adaptación del sistema de gobierno a una nueva realidad sin tener que recurrir a cambios violentos o ilegítimos.

Las reformas constitucionales también juegan un papel central en la narrativa política de los gobiernos y las naciones. En muchos casos, los líderes políticos impulsan reformas como parte de un discurso de cambio o renovación. Las constituciones no son simplemente documentos legales; son la expresión máxima de los valores, aspiraciones y hastamiedos de una nación en un momento determinado de su historia. Por tanto, las reformas que se proponen o se implementan pueden tener un impacto simbólico tan fuerte como su efecto práctico.

En naciones con democracias jóvenes o en proceso de consolidación, las reformas constitucionales suelen utilizarse para legitimar nuevos sistemas. Los gobernantes electos a menudo ven en estos cambios una oportunidad para desvincularse del pasado o promoviendo una narrativa de justicia, igualdad y progreso.

En este sentido, la narrativa en torno a las reformas puede ser tan variada como los actores que las promueven. Mientras que para algunos son un símbolo de avance democrático, para otros pueden representar una amenaza a la estabilidad o a los derechos adquiridos. En el caso de reformas que afecten a la estructura del poder, es común que el debate público se polarice entre quienes defienden el cambio como una modernización necesaria y quienes lo ven como una erosión de las garantías democráticas.

A pesar de su importancia, las reformas constitucionales no siempre son fáciles de implementar. El proceso a menudo implica un delicado equilibrio entre los intereses de distintos actores políticos, económicos y sociales. En democracias consolidadas, estas reformas suelen requerir amplios consensos, reflejando el carácter plural de sus sociedades. En sistemas más absorbentes, las reformas pueden aprobarse mediante procedimientos menos inclusivos, lo que puede llevar al deterioro de la legitimidad y el aumento del conflicto en la base social.

Mientras usted apreciable lector leyó las líneas anteriores quizá pudo recordar o imaginar algunas reformas constitucionales parciales que directa o indirectamente lo han afectado en su que hacer como ciudadano, es aquí donde quizá es necesario releer esta columna y acomodar en su justa dimensión el ruido de las redes sociales.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?