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Regalan datos como número de teléfono, IFE, RFC… Vía internet

Un sitio de internet ofrece gratuitamente los datos personales de cualquier ciudadano del País, sea su número de credencial del IFE, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, edad, domicilio, entre otros datos.

Un sitio de internet ofrece gratuitamente los datos personales de cualquier ciudadano del País, sea su número de credencial del IFE, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, edad, domicilio, entre otros datos.

Por ejemplo, Gerardo Laveaga, Consejero Presidente del IFAI, instituto encargado de la protección de datos personales, de acuerdo con esta página, tiene como Clave de Elector LVRNGR63020509H000, su CURP es LARG630205H y su domicilio se ubica en Santa María La Ribera.

A través de este sitio web se pueden obtener datos personales de ciudadanos de México, Argentina, Chile y Paraguay.

En el caso de México, al cotejar algunos datos, la información corresponde al padrón anterior del IFE, pero si no se ha reportado cambio de domicilio, la información es correcta.

La página aparece registrada dentro de la organización Domains By Proxy, cuyo eslogan es «Your identity is nobody’s business but ours».

La función de ésta es proteger la identidad del registrante, ya que en su lugar aparece la dirección de la empresa que presta dicho servicio, en Arizona, EU.

Para evitar riesgos de extorsión, en 2010 entró en vigor en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y corresponde al IFAI garantizar que se cumpla, pero el tráfico de bases de datos a precios desde 4 mil pesos, continúa en la Red.

El Cofipe establece en el Artículo 171 que los datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo juicios en que el IFE fuese parte o por mandato de un juez.

Fuente: Reforma.

Fotografía: Archivo.

Fotografía: Archivo.

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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