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México

Regidora destituida e inhabilitada por 10 años cobra pensión de 108 mil pesos

El viernes 28 de febrero, el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco determinó que se otorgará a la ex funcionaria una pensión que responde a su función como ex regidora de Guadalajara. Al finalizar el mes, Elisa Ayón recibirá su primer pago.

Para poder disfrutar de los beneficios de una pensión de jubilación, Elisa Ayón debió seguir contribuyendo con el pago a Pensiones del Estado, a pesar de no estar activa en un puesto público.

Destitución

La decisión del Congreso del Estado de Jalisco de destituir e inhabilitar a la ex funcionaria priista, se debió al juicio político aprobado, por haber incurrido en el abuso de autoridad, además de las inconsistencias en sus declaraciones respecto a su situación patrimonial.

En un comunicado de prensa, el Congreso del Estado de Jalisco precisa: “[…]En virtud de que la investigación, respecto a los bienes consignados en las declaraciones patrimoniales formuladas por la denunciada, Ayón Hernández, se detectaron que existen falsedades en los datos proporcionados, se instruyó a la Secretaría General del Congreso para que remita copia del expediente a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las indagatorias que correspondan y tome las determinaciones que procedan.”

La solicitud de juicio político fue promovida por el ciudadano Gregorio López, quien acusó a la ex funcionaria de cometer conductas irregulares y abuso de autoridad contra comerciantes ambulantes y empleados de la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara.

Respecto a esta acusación, el 7 de noviembre de 2013 se difundió una grabación en la que Ayón Hernández atenta contra los derechos laborales y humanos de los trabajadores municipales. La ex regidora aceptó sus acciones y ofreció disculpas por las palabras antisonantes que expresó en la grabación.

En cuanto a sus bienes patrimoniales, la ex funcionaria se negó a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades para aclarar las imputaciones que se le hicieron, por lo que el Órgano Técnico de Responsabilidades revisó el caso, encontrando inconsistencias.

En el juicio político a Ayón Hernández, otros funcionarios subieron al estrado con el propósito de razonar el voto. El entonces diputado, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que Elisa Ayón no surgió de una generación espontánea, y que los actos de corrupción que cometió no son productos de la casualidad ni se trata de eventos aislados. Así se manifestó Castañeda Hoeflich:

“Estamos frente a una de las múltiples caras que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) ha engendrado en la vida pública de Jalisco y de México. Detrás de este caso se esconden los “patrones”, como ella misma delataba; se esconde una probable red de complicidad en todo el Ayuntamiento de Guadalajara, y se esconden años de un modelo de tráfico de intereses y abuso de poder en ese municipio.”

Por otra parte, el diputado Víctor Sánchez Orozco expresó que ese día fue un acontecimiento histórico, ya que se realizó un juicio político en contra de Elisa Azuyo. Además señaló a la corrupción e impunidad como las acciones que más han dañado la democracia. Sentenciando: “Es el abuso de poder lo que ha caracterizado al PRI y hoy no tiene otra opción más que aceptar ese estilo particular de gobernar.”

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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