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Regresan 221 mil litros de leche procedentes de la Laguna, por contener bacterias de Brucella

Como parte de las acciones que el Gobierno del Estado implementó en favor de la salud pública a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, la madrugada de hoy, se regresaron a su lugar de origen 221 mil litros de leche no apta para consumo humano, tras practicarse las pruebas de laboratorio de calidad e inocuidad, en el punto de inspección de Ciudad Jiménez.
Un total de 4 pipas que transportaban los 221 mil litros de leche, y que trataron de ingresar al estado, fueron regresadas a la región de la comarca lagunera de Coahuila, al detectarse mediante las pruebas pertinentes, la presencia de bacterias de Brucella, causante de la enfermedad conocida como Brucelosis.
La leche procedía de las siguientes empresas, con diversas cantidades:
Establo «El Cerrito», 56 mil 162 litros.
Establo Veta Santa Mónica, provenían 58 mil 395 litros.
Establo «Lagunita», provenían 54 mil 991 litros
Establo «La Torreña Agroindustrias», provenían 51 mil 736 litros.
Lo anterior fue dado a conocer por Martín Solís, Director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien destacó que «la leche que tiene buena calidad está ingresando al estado sin ningún problema, pero aquella que contenga Brucella, antibióticos, o algún tipo de contaminación, se regresa a su lugar de origen».
El sector lechero de Chihuahua ha manifestado públicamente su respaldo y reconocimiento a las acciones ordenadas por el gobernador, Javier Corral Jurado, en el rubro. “Las que estamos realizando son para proteger a los productores chihuahuenses y a nuestros consumidores que adquieren estos productos lácteos, por lo que es mayor el beneficio con estas medidas para Chihuahua. Que se tenga certeza que la leche en Chihuahua es apta para el consumo humano y no provoque problemas de salud” agregó Solís Bustamante.
Finalizó que al ser un asunto de salud pública, a partir de hoy se notificará a la Coespris, a la Secretaría de Salud, a la Profeco y a la Senasica, para que también actúen desde sus ámbitos de competencia, por su parte la Secretaría de Desarrollo Rural, por instrucciones de su titular, Rubén de Chávez Villagrán, continuará con sus medidas de inspección de calidad e inocuidad de la leche establecida en Jiménez, en favor de las y los chihuahuenses.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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