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Resto del mundo

Regresaré por justicia”, últimas palabras de mexicano ejecutado

La ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez se concretó ayer en la Unidad Carcelaria de Wall, en Texas.
Fue condenado a la pena capital tras haber violado y asesinado a su prima hermana, Mayra Azucena Laguna, en febrero de 1997.
Pasó 20 años en el corredor de la muerte en la prisión de Allan B. Polunsky, en Livingston, Texas, hasta que en agosto se fijó fecha para ayer a las 18:00 horas, a través de una inyección letal.
La defensa del mexicano de 47 años nacido en Irapuato, Guanajuato, utilizó todos los recursos legales disponibles hasta el final.
La ejecución se retrasó porque la defensa interpuso dos recursos de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos a las 17:30 horas, para buscar aplazar la aplicación de la pena.
El lunes, la defensa de Cárdenas Ramírez pidió a la Corte de Apelaciones de Texas, que revisara el procedimiento a través del cual se obtuvo evidencia para inculpar al mexicano, además de que se solicitó realizar una nueva prueba de ADN. Ambas peticiones fueron rechazadas.
En consecuencia, se decidió llevar el caso ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nueva Orleans, la cual también lo desechó por lo que se recurrió —como último recurso— a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
“Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos que se cumpla el debido proceso hasta sus últimas instancias, por eso ahorita solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que se revise la solicitud, que se realice una nueva prueba de ADN, como también una posible violación a los derechos civiles del señor Cárdenas, por parte de la Corte de Apelaciones Penales de Texas en la forma que decidió negar ese proceso”, declaró Jacob Prado, director de Atención a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, la Corte determinó, pasadas las 21:30 horas, que la ejecución debía llevarse a cabo.
Rubén Cárdenas Ramírez fue llevado a la cámara de la muerte y puesto en la mesa a las 21:55 horas.
Se le preguntó si quería decir unas últimas palabras, a lo que se negó. En cambio, dio una declaración por escrito en la que simplemente expuso: “Regresaré por justicia”.
La inyección letal se le aplicó a las 22:05 horas y a las 22:26 se declaró la muerte del mexicano.
En la sala de ejecusiones, solamente presenciaron la ejecución cinco periodistas autorizados, la abogada de Cárdenas Ramírez, Maurie Lavin y por parte de la víctima no asistió nadie.
La hermana de la víctima, Roxana Jones, dejó una declaración por escrito en la que expuso que Mayra es recordada con amor por toda la familia. “Las palabras no pueden describir el sentimiento tras conocerse la verdad y tener paz después de mucho dolor”, escribió en la carta.
Tras declarar la muerte de Rubén Cárdenas Ramírez, las autoridades de la prisión trasladaron el cuerpo a una capilla en donde se le permitió a la familia tocar por fin a su ser querido y despedirse de él.
Fueron solamente 15 minutos los que pudieron estar con el cuerpo antes de que fuera entregado a personal de una funeraria.
La familia decidió llevar a cabo el funeral y la sepultura en completa privacía. Los restos de Rubén Cárdenas Ramírez se quedarán finalmente en Estados Unidos.
Condena. El presidente Enrique Peña Nieto condenó la ejecución y envío su sentido pésame a la familia del guanajuatense.
A través de la Cancillería, el gobierno de México informó que se agotaron todas las instancias posibles, incluyendo recursos legales ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
Refirió que se opone a la pena de muerte por considerarla “una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.
Detalló que a nivel nacional e internacional, “seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo.”
«El gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso», informó.
También refirió que agotó “todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance, en la Unión Americana y a nivel internacional, para que se revisara el caso del señor Cárdenas Ramírez y obtener la suspensión de la ejecución».
Señaló que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, solicitó por escrito al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del Estado, la suspensión de la ejecución y conmutación de la pena.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobernador de Guanajuato, legisladores federales, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese Estado, entre otros, dirigieron misivas.
El gobierno de Guanajuato lamentó la ejecución pues constituye una violación a los derechos humanos y una falta sobre acuerdos de la Convencion de Viena sobre Relaciones Consulares, por parte de la Corte Estatal y Federal de EU, que rechazaron los recursos a favor de revisar el caso.
Desde que tuvo conocimiento del asunto actuó con el Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias, con el Consulado de México en Houston y la SRE para agotar las instancias y obtener la revisión y reconsideración argumentando falta de asistencia consular. Con información de Misael Zavala.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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