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México

Regreso a clases presenciales será opcional y primero en escuelas rurales de baja matrícula: SEP

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, trazó ante gobernadores cómo será el regreso a clases presidenciales en todo el país.

Al participar en una reunión virtual junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los gobernadores y gobernadoras del país, la titular de la SEP indicó que al cumplirse 15 días de la aplicación del biológico al personal del sector educativo, se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar; posteriormente, se abrirán los planteles ubicados en entidades con semáforo verde para iniciar el regreso paulatino a la actividad escolar, con la etapa de reconocimiento y reforzamiento, para cerrar el ciclo escolar el próximo 9 de julio.

Delfina Gómez enumeró cinco características esenciales del regreso a clases, para garantizar la seguridad y salud de las niñas y niños indicó que:

El regreso será voluntario
Tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar
Dependerá del contexto regional y del semáforo epidémico de cada entidad
Participarán gobiernos estatales y municipales
Participación de madres, padres de familia y tutores

Mencionó que se aplicarán protocolos y filtros de corresponsabilidad en casa, a la entrada del plantel y en el salón de clases, y se vigilará el cumplimiento de las 9 intervenciones de salud.

Puntualizó, además, que el inicio de clases presenciales se realizará primero en escuelas multigrado, rurales, de baja matrícula y prioritariamente en apoyo de alumnos sin conectividad.

En el resto de los planteles, el regreso se dará con una asistencia alternada de lunes a jueves, y los días viernes para quienes requieran apoyo en sus aprendizajes, todo ello con el apoyo pedagógico respectivo.

Puntualizó que el regreso a clases se realizará con “la entrega y profesionalismo de las maestras y los maestros, y el entusiasmo de estudiantes; el apoyo de las madres y padres de familia; con la colaboración de las autoridades educativas de los estados y el consentimiento de la autoridad sanitaria”.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que ya se ha vacunado contra el Covid-19 a 1 millón 195,421 trabajadores del sector educativo, y la cuarta etapa de inmunización a ese sector iniciará a partir del 11 y hasta el 14 de mayo, en los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

En la reunión también participaron el director de Planeación Estratégica Institucional del IMSS, Clicerio Coello Garcés, y se enlazaron a la videoconferencia la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), así como los gobernantes de Aguascalientes, Martín Orozco; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Campeche, Carlos Miguel Aysa González; de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón; y de Chihuahua, Javier Corral.

Asimismo, los mandatarios de Colima, José Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; del Estado de México, Alfredo Del Mazo; de Guerrero, Héctor Astudillo; de Hidalgo, Omar Fayad; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Oaxaca, Alejandro Murat; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

Igualmente, de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, además de representantes de Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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