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Regularán posesión de perros catalogados como peligrosos

Con reformas y adiciones a la ley, los dueños de “animales potencialmente peligrosos –como los pitbull– deberán contar con licencias de posesión que otorgarán cada municipio y la Secretaría de Medio Ambiente, y deberán acreditar un curso sobre el manejo de esta clase de animales.

La finalidad es actualizar la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para evitar más ataques de perros en contra de personas, como ha ocurrido constantemente en varias ciudades del estado.

Tan sólo durante enero y febrero de este año se registraron 124 ataques de canes a personas, mientras que en 2015 reportaron 9 agresiones diarias, siendo los niños menores de 8 años los más afectados, incluso uno sufrió la amputación de pierna y otro murió por las mordeduras, hechos ocurridos en Torreón y Monclova.

Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, diputado por el PVEM y autor de la iniciativa aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, aclaró que la agresividad de un animal es consecuencia de diversos factores y circunstancias que influyen en el ejemplar, sin importar la raza.

“De tal forma, para hablar de animales potencialmente peligrosos no es necesario hacer un listado específico de razas. Como sabemos, existe una gran cantidad de perros mestizos que estadísticamente son los causantes de la mayor parte de los ataques registrados por la Secretaría de Salud, siendo precisamente perros en situación de calle los causantes de los mismos”.

De acuerdo con médicos cirujanos, la raza, tamaño y potencia de mandíbula no justifica la conducta agresiva; en algunos casos es una respuesta defensiva y no una agresión ofensiva.

Así, se incorpora a la ley la definición de “animales potencialmente peligrosos” como aquellos que por su conducta agresiva tengan la capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas.

Para esto, el Gobierno del Estado elaborará el reglamento que establecerá requisitos para clasificar a los animales peligrosos y para otorgar las licencias de posesión de los mismos, estableciendo multas y responsabilidades por omisión o descuido.

Además, informó, en el Padrón Municipal de Animales se adiciona el registro de miembros y clubes de perros de raza, así como entrenadores o adiestradores caninos para guardia y protección, a fin de contar con un mejor control.

“Es importante señalar que se obligará a los poseedores de animales potencialmente peligrosos a llevar el equipamiento apropiado a su tipología racial, con la finalidad de conducirlos y controlarlos en los espacios públicos, previendo posibles ataques y brindando mayor seguridad a la ciudadanía.

“Debemos ser sumamente cuidadosos sobre el equipamiento que deberá usar el dueño sobre cualquier animal, ya que de acuerdo con especialistas en el tema, el mal uso de collares, cadenas, pecheras y bozales para aumentar el nivel de seguridad y reducir la posibilidad de un ataque puede alterar de manera sustancial la conducta del animal”.

Fuente: Zócalo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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