Ya hay fecha para el inicio oficial de las negociaciones del Brexit. Theresa May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa el próximo miércoles 29 de marzo. Así lo ha anunciado hoy el embajador de Reino Unido ante la Unión Europea, Tim Barrow, según ha confirmado un portavoz de la primera ministra británica. El representante británico lo ha notificado formalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Ese será el día en que Londres -nueve meses después de que los británicos votaran por el Brexit (51,9% frente a 48,1%)- comunicará por carta al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE, según establece el artículo 50. Theresa May apuraría así casi hasta el máximo el plazo en el que se comprometió a iniciar el proceso -siempre dijo que lo haría “antes del final de marzo”- y evitaría hacerlo coincidir con las celebraciones del 60 aniversario del Tratado de Roma el 25 de este mes. La primera ministra, que se encuentra hoy de viaje en Gales, podría utilizar ese mismo miércoles su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes, en la sesión de preguntas a la primera ministra, para comunicar al Parlamento la activación del proceso, tal como se comprometió a hacer.

«Todo está preparado para iniciar la negociación», ha confirmado un portavoz de la Comisión Europea, que desempeñará una función central en este proceso. Una vez reciba la carta, el Consejo Europeo aprobará las llamadas líneas de negociación con Reino Unido. A partir de ahí, la Comisión lanzará «inmediatamente», según el portavoz, un mandato de diálogo que los jefes de Estado y de Gobierno deberán refrendar para que sea el Ejecutivo comunitario —a través de la persona que ha elegido para esta tarea, Michel Barnier— quien lleve la voz cantante en el proceso de divorcio, informa Lucía Abellán.

Inicialmente, aunque el Gobierno nunca lo confirmó expresamente, estaba previsto que la activación del artículo 50 se produjera el martes de la semana pasada, una vez superada la preceptiva tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Brexit. Pero pronto el Ejecutivo descartó esa posibilidad, acaso disuadido por el anuncio de la líder nacionalista Nicola Sturgeon de sus planes para celebrar un nuevo referéndum de independencia en Escocia antes de primavera de 2019.

El artículo 50 del Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro decida voluntariamente abandonar la Unión Europea. El procedimiento, no obstante, no está detallado en las 260 palabras del precepto.

Sí establece un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo, aunque se abre la posibilidad de una prórroga. “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación (…), salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo”, dice el artículo.

Formalmente se requiere una carta en la que “el Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo”. No está claro si habrá una entrega física –en cuyo caso el propio Tim Barrow sería la persona indicada- o una mera notificación por correo electrónico. La carta la firmará Theresa May y en ella es probable que se reitere la intención del Gobierno británico de que tanto los términos de la salida como la nueva relación se acuerden, en paralelo, en el plazo de dos años.

Una vez notificada por carta la intención de salida, le corresponde actuar al Consejo Europeo. Su presidente, Donald Tusk, ha dicho que estaría listo para responder en el plazo de 48 horas desde la notificación, con unas “directrices” para la negociación que no se espera sean muy detalladas. En su respuesta, se espera que Tusk fije la fecha para una cumbre extraordinaria de los otros 27 Estados miembros para completar esas directrices negociadoras. Fuentes del Consejo apuntan a la primera semana de mayo como fecha más probable. A partir de este momento, de acuerdo con el artículo 50, “el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten”.

ElPaís