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Reino Unido castigará a ciudadanos que viajen a zonas terroristas

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Los ciudadanos británicos que viajan a zonas extranjeras designadas como terroristas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nuevas y controvertidas leyes antiterroristas que entraron en vigor hoy en Reino Unido.

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue dada a conocer el año pasado como parte de los esfuerzos para impulsar la capacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza de los llamados ‘combatientes extranjeros’.

La nueva ley permite al ministro del Interior del país a denominar como terrorista a zonas, aunque estará sujeta a aprobación parlamentaria, y crea un delito penal por ingresar o permanecer en un “área designada” en el extranjero.

Para poder usar el poder de designación, el ministro del Interior, Sajid Javid, deberá estar convencido de que es necesario restringir a los ciudadanos y residentes de Reino Unido para que viajen o permanezcan en el área, a fin de proteger al público del riesgo de terrorismo.

Un individuo que haya ingresado o permanecido en un área designada podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según la nueva legislación, la cual incluye también exenciones para proteger a quienes tienen una razón legítima para estar en una zona terrorista, como los periodistas.

La ley otorga a los guardias fronterizos el poder de detener y registrar a individuos sospechosos de actividad “hostil” y criminaliza la visualización en internet de material vinculado al terrorismo, excepto cuando se trate de una investigación periodística, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Según las estimaciones del Ministerio del Interior, más de 900 personas “preocupadas por la seguridad nacional” de Reino Unido viajaron para participar en el conflicto en Siria. De estos, alrededor del 20 por ciento fueron asesinados en el extranjero y alrededor de 40 por ciento han regresado al país.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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