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Resto del mundo

Reino Unido castigará a ciudadanos que viajen a zonas terroristas

Los ciudadanos británicos que viajan a zonas extranjeras designadas como terroristas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nuevas y controvertidas leyes antiterroristas que entraron en vigor hoy en Reino Unido.

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue dada a conocer el año pasado como parte de los esfuerzos para impulsar la capacidad de las autoridades para hacer frente a la amenaza de los llamados ‘combatientes extranjeros’.

La nueva ley permite al ministro del Interior del país a denominar como terrorista a zonas, aunque estará sujeta a aprobación parlamentaria, y crea un delito penal por ingresar o permanecer en un “área designada” en el extranjero.

Para poder usar el poder de designación, el ministro del Interior, Sajid Javid, deberá estar convencido de que es necesario restringir a los ciudadanos y residentes de Reino Unido para que viajen o permanezcan en el área, a fin de proteger al público del riesgo de terrorismo.

Un individuo que haya ingresado o permanecido en un área designada podría enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según la nueva legislación, la cual incluye también exenciones para proteger a quienes tienen una razón legítima para estar en una zona terrorista, como los periodistas.

La ley otorga a los guardias fronterizos el poder de detener y registrar a individuos sospechosos de actividad “hostil” y criminaliza la visualización en internet de material vinculado al terrorismo, excepto cuando se trate de una investigación periodística, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Según las estimaciones del Ministerio del Interior, más de 900 personas “preocupadas por la seguridad nacional” de Reino Unido viajaron para participar en el conflicto en Siria. De estos, alrededor del 20 por ciento fueron asesinados en el extranjero y alrededor de 40 por ciento han regresado al país.

Excelsior

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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