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Rematan piezas del patrimonio mexicano en subasta francesa

La casa Millon subastó este miércoles 120 piezas, de las cuales el 95 por ciento salieron del patrimonio artístico de México, pese a una gestión de última hora del embajador mexicano en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

El representante mexicano acompañado de la directora general de Asuntos Culturales de la cancillería del país latinoamericao, Laura E. González, se presentó un par de horas antes de la subasta a insistir en que el evento no se realizara.

Pero la casa de subastas se negó de manera absoluta», indicó el embajador a la prensa tras sus gestiones.

Se planteó que la suspensión del remate era un primer paso para entablar un diálogo que llevara a la restitución de las piezas «a su legítimo propietario que no es otro que México», describió el embajador.

La puja por las piezas comenzó como estaba previsto esta tarde en París, y de acuerdo a la prensa francesa, Alexandre Millon, presidente de la casa de subastas, dijo que al parecer los reclamos diplomáticos y jurídicos mexicanos eran una forma de publicidad de medios.

Pero el embajador mexicano describió de manera puntual la serie de gestiones hechas por el gobierno que representa a fin de detener la venta, negociar y conseguir la reincorporación al patrimonio cultural mexicano 95 piezas que entraron este miércoles en remate y que fueron extraídas de su patrimonio histórico.

Primero nos dirigimos a la casa de subastas, luego el encargado del patrimonio arqueológico mexicano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) apoyado en la Fiscalía General de la República solicitó la asistencia jurídica penal al ministerio de Justicia francés, que sigue aún en trámite, precisó.

Además hubo tres reuniones con la cancillería francesa y el ministerio de Cultura, sin olvidar a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura (UNESCO), cuya dirección de Patrimonio Cultural envío cartas a la subastadora y al órgano regulador de estos comercio en Francia.

Las gestiones no han tenido resultado, lamentó Gómez Robledo, quien insistió en que las piezas deben de restituirse a su legítimo propietario «que no es otro que México».

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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