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Renapo registra 90 por ciento más muertes por COVID-19 que Salud

De acuerdo con la Base Nacional del Registro Civil, en poder de MILENIO, al 19 de junio la cifra de decesos por covid-19 en el país es casi el doble que la reportada ese mismo día por el subsecretario López-Gatell
Desde que inició la pandemia de coronavirus y hasta el 19 de junio, en México habían muerto 38 mil 815 personas por covid-19, de acuerdo con los registros civiles del país al Registro Nacional de Población (Renapo), cifra que es casi el doble a la reportada ese mismo día por la Secretaría de Salud.

Los datos a los que MILENIO tuvo acceso muestran que, en esa fecha, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó 20 mil 394 muertes por coronavirus.

Es decir, 90 por ciento menos de las que se reportaban en la Base Nacional del Registro Civil, administrada por el Renapo. Y si a esta cifra se suman las muertes por neumonías atípicas y virales, se dispara a 43 mil 790, lo que representa 114 por ciento más.

Con corte al 19 de junio, se habían expedido 38 mil 815 actas de defunción con causa de muerte por «covid confirmado», «covid posible» o «covid sin especificar si es confirmado». Sumadas las actas de defunción por neumonías atípicas y virales, las muertes se disparan a 43 mil 790.

La diferencia radica en que la Secretaría de Salud informa únicamente de las defunciones con pruebas positivas a covid-19 y ha dejado fuera las muertes en las que la persona tuvo síntomas de la enfermedad o fue una causa probable del fallecimiento, sin que se haya confirmado.

El documento elaborado por el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), en colaboración con el Renapo, que se encarga de la emisión de las actas, evidencia que la Ciudad de México es una de las entidades con el subregistro más pronunciado.

Del 19 de marzo al 19 de junio, la Secretaría de Salud reportaba 5 mil 314 muertes por covid-19 con prueba positiva en la capital del país, mientras las defunciones que constan en el Registro Civil sumaban 13 mil 96.

?En ese mismo lapso, en el Estado de México las muertes eran ya cuatro veces más que las reportadas por la Secretaría de Salud federal, que el 19 de junio registró 2 mil 457; mientras que el reporte de los registros civiles del país consignó para esa entidad 9 mil 866 actas de defunción.

En Morelos, el Registro Civil procesó 968 actas de defunción, tres veces más que las 366 muertes por covid-19 dadas a conocer por López-Gatell en esa misma fecha.

En Baja California y Chihuahua, la diferencia es del doble. En el primero, las muertes por covid-19 respaldadas por un acta de defunción sumaban 2 mil 862, mientras que las presentadas en la conferencia vespertina en Palacio Nacional ascendían a mil 683.

En Chihuahua, había mil 167 actas de defunción con causa de muerte por covid-19, cuando la autoridad federal reportaba 537.

La disparidad entre los datos de fallecimientos y las actas de defunción quedó demostrada desde los primeros cortes hechos por los Registros Civiles de todo el país, a donde deben llegar los familiares de las víctimas fatales del virus, para obtener un documento oficial que da fe del deceso.

Del 19 de marzo al 19 de mayo, en la base de datos del registro civil de covid-19 había casi tres veces más muertes que las reportadas por el sector Salud, pues constaban 14 mil 209 actas de defunción, en contraste con lo informado por la Secretaría de Salud de 5 mil 177 decesos.

Esa misma proporción se mantuvo al 31 de mayo, cuando la cifra de muertes se disparó a 24 mil 308, mientras que López-Gatell hablaba en esa fecha de 9 mil 930, casi la tercera parte. Al siguiente corte, el 12 de junio, se levantaron 33 mil 538 actas de defunción por covid-19, mientras que el gobierno federal daba cuenta de 16 mil 448.

El último registro es el de la diferencia de 90 por ciento de muertes por covid-19: 38 mil 815 muertes registradas en las actas contra 20 mil 394 oficiales.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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