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México

Renuncia directivo de OHL México por grabaciones

La constructora OHL México aceptó el lunes la «renuncia voluntaria» del directivo Pablo Wallentin tras el escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos sobre sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una importante vía cercana a la capital mexicana.

La unidad de la firma española OHL ha estado bajo presión desde la semana pasada y aunque ha dicho que se trata de un montaje y que las conversaciones fueron manipuladas, sus acciones acumulan una baja de 20.3% a 24.62 pesos al cierre del lunes.

«OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la compañía», dijo la empresa en un comunicado.

OHL México ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado de México (Edomex), que rodea a la capital del país, con el que está negociando ajustes a su título de concesión para construir y operar el Viaducto Bicentenario.

Wallentin ha sido uno de los ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una referida al pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Las dos partes han negado dicho pago.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el domingo que instruyó a la Secretaría de Comunicaciones estatal a suspender indefinidamente cualquier incremento en las tarifas de esa vía hasta tanto OHL compruebe que cumple con sus obligaciones en términos del título de concesión y transparente sus actos.

También dijo el viernes que pidió a la contraloría estatal a realizar una auditoría completa para verificar que se cumplan los términos del contrato de concesión de la obra y si se detectan irregularidades se proceda legalmente.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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