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Renuncia directivo de OHL México por grabaciones

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La constructora OHL México aceptó el lunes la «renuncia voluntaria» del directivo Pablo Wallentin tras el escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos sobre sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una importante vía cercana a la capital mexicana.

La unidad de la firma española OHL ha estado bajo presión desde la semana pasada y aunque ha dicho que se trata de un montaje y que las conversaciones fueron manipuladas, sus acciones acumulan una baja de 20.3% a 24.62 pesos al cierre del lunes.

«OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la compañía», dijo la empresa en un comunicado.

OHL México ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado de México (Edomex), que rodea a la capital del país, con el que está negociando ajustes a su título de concesión para construir y operar el Viaducto Bicentenario.

Wallentin ha sido uno de los ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una referida al pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Las dos partes han negado dicho pago.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el domingo que instruyó a la Secretaría de Comunicaciones estatal a suspender indefinidamente cualquier incremento en las tarifas de esa vía hasta tanto OHL compruebe que cumple con sus obligaciones en términos del título de concesión y transparente sus actos.

También dijo el viernes que pidió a la contraloría estatal a realizar una auditoría completa para verificar que se cumplan los términos del contrato de concesión de la obra y si se detectan irregularidades se proceda legalmente.

México

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral tras rechazo en la Cámara de Diputados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados no representa una derrota para su gobierno. Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, sostuvo que la iniciativa tenía como objetivo principal eliminar prácticas de corrupción y reducir privilegios dentro del sistema electoral.

“Que no se haya aprobado no es una derrota”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la votación en el Congreso. Señaló que la propuesta buscaba generar cambios que permitieran mayor austeridad y transparencia en el funcionamiento de las instituciones electorales.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales de la reforma consistía en disminuir gastos considerados excesivos en el aparato electoral. De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo federal, los recursos que se obtendrían mediante esos ajustes se destinarían posteriormente a proyectos de obra pública y desarrollo de infraestructura en el país.

Durante su intervención, la presidenta reiteró que la intención de la iniciativa era modificar estructuras que, a su juicio, mantienen privilegios para diversos funcionarios. Insistió en que la propuesta fue elaborada bajo el principio de combatir la corrupción y optimizar el uso del presupuesto público.

El posicionamiento de la titular del Ejecutivo se dio luego de que la reforma electoral no obtuviera los votos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras la votación, legisladores de distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas sobre el contenido de la iniciativa y el rumbo que debería seguir la discusión en materia electoral.

Desde el gobierno federal se ha sostenido que los cambios propuestos permitirían redirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionó la inversión en infraestructura y proyectos de obra pública.

La discusión sobre posibles modificaciones al sistema electoral continúa en el ámbito político y legislativo. Hasta el momento, el gobierno federal ha reiterado su postura de impulsar medidas orientadas a reducir costos y revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

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