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México

Reportan desaparición de sentencia de amparo de Javier Duarte

¡Desapareció! la sentencia del amparo con la que Javier Duarte de Ochoa busca combatir su condena de 9 años de cárcel… ya no está en el expediente físico.
Esa sentencia se publicó a finales de febrero y la retiraron del portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el 4 de marzo, según lo reporta Reforma, que destaca que en el fallo del juzgado se desechaba el amparo del exgobernador de Veracruz porque lo consideró improcedente, pues, dice, antes de presentar esta demanda debió agotar el recurso de revocación y no lo hizo.

Hasta el momento, “no existe certeza de que efectivamente haya sido dictada”, señala la nota de Abel Barajas, pues personal del juzgado negó a la defensa de Duarte que así haya sucedido.

Ello lo indica un escrito de exmandatario estatal, quien aún así presentó un recurso de revisión contra el supuesto fallo.

A fines de febrero, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del CJF hizo público el fallo del juez Antonio González García, en el juicio de garantías 1037/2018, presentado por Duarte para reactivar su impugnación en contra la condena por lavado y asociación delictuosa.

Reforma tiene la versión pública del documento en el que se indica que el juez señaló que Duarte se había desistido de la apelación contra la condena de 9 años, que se le impuso el pasado 26 de septiembre.

Y aunque el fallo significaba un revés parcial para el veracruzano, dicha sentencia no la reconoció el propio juzgado ante la defensa.

En un escrito presentado el pasado viernes, Duarte presentó un escrito al juez en el que le manifiesta que, debido a que el 4 marzo la versión pública del fallo fue retirada de internet, uno de sus abogados fue al juzgado para consultar físicamente el documento original, pero le informaron que no había sido dictada la resolución.

«Por lo que yo me cuestiono ¿cómo es posible que aún no haya resolución si esta parte quejosa cobró conocimiento en fecha 26 de febrero del presente año de la sentencia dictada por su Señoría en Audiencia Constitucional? Es un absurdo que me posiciona en un estado de incertidumbre jurídica, que incluso puede llegar a dejarme en un estado de indefensión», expone Duarte de Ochoa en el escrito.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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