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México

Reportan desplazamiento de más de mil 300 indígenas en Chiapas

Más de mil 300 indígenas tzotziles, en su mayoría niños, de cinco comunidades de esta localidad; se encuentran desplazados con escasez de alimento, sin atención médica y medicina, viviendo en la cancha techada de la comunidad Xuxchen por conflictos territoriales con el poblado Santa Martha, del municipio de Chenalhó; que cobró la vida de tres personas el 2 de abril del presente año. En el campamento de Xuxchen se resguardan casi un millar de indígenas, en su mayoría niños lactando enfermos de gripa y diarrea, menores adolescentes, mujeres, adultos mayores y hombres. A unos cinco kilómetros, se ubica un segundo campamento en el paraje Tabak, donde los desplazados no tienen alimento, duermen entre los cafetales, sin colchonetas y cobertores; donde son atacados por zancudos y a merced de animales. De acuerdo al representante de los desplazados, Cristóbal Santiz, el conflicto territorial data del año 1975, ya que de acuerdo al plano de tierras comunales las 60 hectáreas pertenecen a sus abuelos, y en esa fecha se firmó un convenio reconciliatorio para que se respete lo que marca el plano. Posteriormente, en 1995 se actualiza el convenio reconciliatorio; pero en el 2008 comuneros de Santa Martha interponen una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario que, en el año 2009, se firmó el convenio definitivo en que las 115 familias de Aldama continúen con la posesión y el usufructo de las 60 hectáreas de tierra. Mientras se ordena la indemnización de un millón 300 mil pesos a los pobladores de Santa Martha. Para el año de 1998, el Congreso del Estado aprueba el proceso para la creación de nuevos municipios y Aldama se separa de Chanalhó y se erige como nuevo municipio, conformado con 21 comunidades, contando actualmente con más de ocho mil pobladores. El conflicto se reactiva en el año 2014, cuando comuneros de Aldama niegan a los de Santa Martha el aprovechamiento de un manantial de agua; por lo que, en represión provocan daños en siembras de cafetales y al sistema del suministro del vital líquido. El ataque contra la población se recrudece en el 2016 con la quema de siete viviendas, la destrucción de plantaciones de café, tala de árboles y el desplazamiento forzado de los indígenas al ser sacador a la fuerza por un grupo armado.

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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