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Representantes en EU aprueban recursos por mil 600 mdd para comenzar muro fronterizo

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó  un incremento del gasto militar de 68 mil millones de dólares con una legislación que entrega dinero para comenzar la construcción del muro en la frontera con México propuesta por el presidente Donald Trump.

El proyecto incrementa el gasto para la defensa de Estados Unidos de ataques con misiles, en medio de los crecientes temores sobre la capacidad de Corea del Norte de atacar al país con un misil nuclear tras la prueba exitosa este mes de un proyectil balístico intercontinental.

La Cámara aprobó por 235 votos contra 192 el presupuesto para el año fiscal 2018 que destinará mil 600 millones de dólares para el inicio de la construcción de un muro en la frontera con México, uno de los puntos centrales de la campaña de Trump para llegar a la Casa Blanca.

Los demócratas, que se oponen a la construcción del muro, seguramente intentarán frenar el proyecto en el Senado.

El Congreso tiene hasta el 1 de octubre -cuando comienza el nuevo año fiscal- para aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto o incluso extender el financiamiento en los niveles actuales para dar a los negociadores más tiempo para alcanzar un acuerdo.

Trump sostiene que se necesita un muro a lo largo de toda la frontera sur del país y ha señalado una y otra vez que México pagará por su construcción.

México se niega a hacerse cargo de los gastos, y en las últimas semanas el mandatario republicano sostuvo que hay partes de la frontera en las que no se necesita el muro.

Los legisladores demócratas y algunos republicanos han cuestionado la factibilidad y efectividad de un muro fronterizo, mientras que grupos de inmigración sostienen que no detendrá el flujo de cruces ilegales y que dañará las relaciones bilaterales.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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