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Chihuahua

Reprueba Senador Pérez Cuéllar uso de la fuerza pública en manifestación ciudadana

El senador Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado enérgico al presidente municipal Dr. Carlos Ponce Torres, para que “deje de estar pintado y ponga un alto al gobierno del estado”, que defienda los derechos de los ciudadanos, en este caso a manifestarse en contra del desorden que implica la Segunda Ruta Troncal.

Asimismo mostró su desapruebo ante el uso de decenas de elementos estatales adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para remover el plantón de vecinos inconformes con las obras que se realizan en la Avenida Manuel Gómez Morín.

“La represión a través de las fuerzas del Estado es algo siempre reprobable, además en este tema, como ya lo dije en varias ocasiones, el gobierno estatal encabezado por Javier Corral, solo busca aprovechar el año de hidalgo”, externó Pérez Cuéllar.

Agregó que detrás de estas obras hay intereses oscuros y es muy irresponsable como se ha planeado este proyecto. La premura con la que se está llevando a cabo causa perspicacia.

“Las autoridades en materia de seguridad deberían estar enfocadas en combatir la delincuencia y no a las personas que se están manifestando en contra de un asunto que es una inconformidad de las y los juarenses por éste destrozo que se están haciendo en la ciudad por el Gobernador corrupto Javier Corral”.

El Senador solicita que tanto el Presidente Municipal y el Gobernador, apoyen a la ciudadanía y no sigan con la obra que es imposible que se termine en sus respectivas administraciones.
Que por amor a la ciudad paren la obra

“Hay que exigir a Javier Corral que pare las obras y que sea la próxima administración estatal la que pongan orden en el caos que están armando en la ciudad y que respeten a los manifestantes; la violencia y el autoritarismo que han caracterizado al gobierno, deben, por lo menos en esta recta final, parar”
“La ambición económica de Javier Corral tiene a la Ciudad en estas circunstancias, también pedimos al alcalde que saque la casta y pare la obra; no está pintando”.

A partir de la información recabada y de diversos testimonios de algunos detenidos y testigos, manifestamos nuestra preocupación por la actuación de los uniformados estatales por el uso excesivo de la fuerza pública.

El Senador Pérez Cuéllar reitera que no ve el caso de utilizar a tantos policías equipados con armas de alto poder para reprimir una manifestación pacífica compuesta por ciudadanos en su mayoría mujeres; y mucho menos detener a los manifestantes quienes hacían uso de su derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas.

De igual manera se solidarizó con Adriana Fuentes Téllez y Jaime Cano (candidata a la presidencia municipal por PRI y el dirigente municipal del mismo Instituto) quienes en la acción policial fueron sometidos y detenidos sin que se les diera a conocer la razón.

Independientemente de las diferencias políticas que nos separan, mostramos nuestro apoyo, pues conocemos de primera
mano como Javier Corral usa al estado con fines políticos.
Pérez Cuellar hizo hincapié en que la libertad de manifestar ideas y posiciones políticas es un elemento esencial de cualquier régimen democrático. Es el poder de las y los ciudadanos y es la obligación del Estado no interferir en la manifestación de las ideas y se debe hacer uso de la fuerza pública solo como última instancia, cuando se pierda el orden público y este no es el caso.

“Aunque queda claro que el Gobierno de Javier Corral carece de capacidad de mediación y negociación, pues se ha distinguido por mantenerse alejado de la sociedad, hacer oídos sordos y ojos ciegos ante la realidad que lo alcanzó en Juárez, en donde es el gobernador con menor aprobación y a poyo de la historia y ahora será recordado también como un represor” concluyó el Senador.

Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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