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México

Reprueban 8 de 10 programas de la 4T

El Presidente López Obrador presume el programa como el más grande de reforestación en el mundo

Más del 87 por ciento de los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno federal no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el problema que les dio origen, advierte el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2022.

El documento, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), señala que de un total de 80 programas analizados, con recursos por un billón 110 mil 288 millones de pesos, sólo seis fueron catalogados con un desempeño óptimo, por tratarse de estrategias con alta calidad en su diseño, un avance significativo en sus metas y una cobertura sustantiva de su población potencial beneficiaria.

Se tratan de Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública; Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Bienestar; Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y Atención a la Salud del IMSS.

En contraste, 18 programas con un total de 119 mil 207 millones de pesos constituyeron la «caja negra del gasto social federal», ya que presentan problemas de opacidad que impiden estimar su desempeño.

Entre ellos está el Programa de Vivienda Social; Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; Atención a la Salud; Aplicación de Programas Educativos e Investigación en Materia Agroalimentaria; Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud; Fortalecimiento a la Atención Médica; Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, y Subsidios a Programas para Jóvenes.

Según el índice, 27 programas más con recursos por más de 120 mil 180 millones de pesos fueron clasificados con un nivel de desempeño escaso, debido a que registraron un bajo nivel de cobertura, así como valores bajos de calidad en su diseño y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas.

Algunos son programas emblemáticos de la actual Administración como Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; Jóvenes Construyendo el Futuro y Programa de Microcréditos para el Bienestar.

El Índice señala que para 2023, el Gobierno federal solicitó a la Cámara de Diputados aprobar recursos para estas estrategias por más de 144 mil 127 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de cerca del 20 por ciento.

«En los tres primeros años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se identifica que el porcentaje de programas que están contribuyendo a la resolución del problema público que le dio origen es de apenas el 14.2 por ciento, mientras que el restante 85.8 por ciento de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados muestran problemas de desempeño u opacidad», afirma el reporte.

Ante ello, recomienda blindar los niveles de presupuesto asignados a los seis programas con desempeño óptimo, priorizar incrementos para los cuatro programas con alto potencial de desempeño y evitar asignar más recursos al resto de estrategias que presentan problemas de diseño, operación, cumplimiento de metas y opacidad.

Fuente El Diario de Chihuahua

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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