El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana, Francisco Ortega, aplazó hoy hasta el 21 de agosto la audiencia preliminar contra los siete imputados de recibir los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber distribuido en el país.
El magistrado acogió un nuevo recurso presentado por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados, para que se les entreguen las pruebas en su contra, solicitud a la que se adhirió la mayoría de los imputados.
En su fallo, Ortega anunció un receso hasta el 15 de agosto para que los imputados retiren un día antes en la secretaría de la SCJ «los elementos probatorios» solicitados.
Sin embargo, posteriormente y a requerimiento de abogados de los imputados, fijó la audiencia para 21 de este mismo mes para darles más tiempo a éstos para que examinen dichos documentos.
En la audiencia preliminar del caso, que Ortega inició ayer, la defensa de los acusados coincidió en señalar que, en algunos casos, las pruebas no han sido entregadas, mientras que en otros han sido «deficientemente notificadas».
Además de Díaz Rúa, sustituido el pasado lunes como secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este caso están imputados los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).
Asimismo, el empresario Ángel Rondón, a quien se le acusa de distribuir el dinero, el senador Tommy Galán, del PLD, así como el exsenador Roberto Rodríguez, miembro del PRM, y el abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro de Díaz Rúa.
El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El procurador general de Dominicana, Jean Alain Rodríguez, afirmó hoy a periodistas que existen pruebas «más que suficientes» contra los siete imputados de recibir los sobornos que Odebrecht aseguró haber distribuido en el país entre 2001 y 2014.
Al inicio de la audiencia de ayer, el empresario Ángel Rondón afirmó a la prensa no tener conocimiento sobre el dinero y que si la Procuraduría General «quiere saber quién manejó esos 92 millones» debe buscar al exgerente de la empresa en el país Marco Vasconcelos Cruz, a quien, aseguró, «lo sacaron en noviembre» del país.
Sin embargo, el procurador general recordó hoy que la constructora confesó los sobornos, pagó una multa por ello en Brasil, identificó a la persona que los distribuyó, y envió a las autoridades dominicanas «toda las transferencias bancarias, y todo eso está depositado».
A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.
Rodríguez anunció entonces la inclusión de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario del PRM, en la lista de los imputados por este caso.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.