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Republicanos niegan fondos para asistencia legal a niños migrantes

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Una comisión del Senado rechazó la solicitud del presidente Barack Obama de destinar 50 millones de dólares para pagar ayuda legal a niños que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes desde Centroamérica.

Richard Shelby, senador republicano por Alabama, es el responsable de la acción. Es el autor principal de una ley de gastos del Departamento de Justicia.

La medida logró la aprobación inicial el miércoles, pero le falta mucho antes de convertirse en ley.

El número de niños que escapa de la violencia de pandillas y otros peligros en Guatemala, Honduras y El Salvador rumbo a EU se ha reducido de manera significativa en comparación con el año anterior, cuando el flujo provocó una crisis humanitaria en estados de la frontera entre México y EU y de la cual permanecen rezagos.

Es muy probable que, de no contar con abogados, esos niños sean devueltos a sus países de origen. Según la ley federal, los niños inmigrantes tienen dos opciones para buscar legalizar su situación, incluido el solicitar asilo por temor a regresar para enfrentar la violencia de las pandillas. Sin la ayuda legal, la complejidad del sistema dificulta su situación.

Los republicanos opuestos a las personas que residen en el país sin autorización tienen mayores prioridades en el proyecto de 51,000 millones de dólares, que también financia el Departamento de Comercio y agencias científicas como la NASA. Ésta y el FBI reciben un ligero incremento de presupuesto, pero la medida afecta la financiación de la Oficina del Censo y la solicitud de Obama de adquirir nuevos satélites climatológicos polares.

La medida es uno de los 12 proyectos de ley anuales que cubren las operaciones diarias de las agencias gubernamentales. Los gastos discrecionales son revisados y financiados anualmente, en contraste con los programas obligatorios como el seguro de salud Medicare, los fondos del seguro social y los cupones de alimentos.

Los 12 proyectos de gastos están en el centro de la lucha entre Obama y los republicanos, que han entregado al Pentágono casi 40,000 millones de dólares en alivio a los recortes automáticos de gastos, pero se resisten a las exigencias del presidente de otorgar igual tratamiento a las agencias nacionales que enfrentan una congelación de fondos.

Los recortes automáticos, que datan de un criticado presupuesto y pacto de deuda del 2011 y se les conoce como “secuestro”, vuelven luego de dos años de alivio tras el pacto presupuestario del 2013.

La batalla es particularmente encrespada en la Cámara de Representantes. Los republicanos promovieron el miércoles proyectos para aplicar cortes mayores a las agencias que les desagradan, en especial el Servicio Interno de Impuestos y la Agencia de Protección Ambiental.

Las medidas de la Cámara Baja contienen numerosas disposiciones destinadas a bloquear varias políticas de Obama.

El Economista

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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