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Repunta inseguridad en Nuevo León

Los organismos intermedios y organizaciones civiles afirmaron que hay señales de alarma por la inseguridad, debido a que se incrementaron los robos con violencia en 46.7%, los robos a bancos aumentaron 181.8%, al comparar el segundo semestre del 2015 con el primero del 2016, así como los delitos patrimoniales, que están en niveles no vistos desde hace tres años.

Así lo indica el Observatorio Ciudadano de Nuevo León, el cual está integrado por el Consejo Cívico, el Centro de Integración Ciudadana, con apoyo de la Caintra, la Canaco y la Coparmex Nuevo León.

“La delincuencia organizada está recuperando terreno, por ello es indispensable que las autoridades tomen atención a la seguridad (…) Hemos visto una disminución de los patrullajes de la Policía Federal, la coordinación (con instancias estatales y municipales) es insuficiente”, afirmó José Mario Garza Benavides, director general de Coparmex Nuevo León.

Agregó que el impacto más fuerte es en la percepción de los inversionistas, pues si Nuevo León no logra recuperar los niveles que tenía hace ocho o 10 años en materia de seguridad, “tampoco lograremos los niveles de inversión y los empleos”.

Destacó que Nuevo León es uno de los estados que más genera empleo, pero “no estamos colocando a 100% de la Población Económicamente Activa que se incorpora al año; hay una tasa de desempleo mayor a 4%, por ello es urgente combatir la inseguridad de manera efectiva”.

Robo con violencia

El Observatorio Ciudadano detectó que los municipios donde más se incrementó el robo con violencia entre el primer y el segundo trimestre del 2016 son Guadalupe, con 170.4%; San Pedro Garza García, con 120%, y Escobedo, con 70%, de acuerdo con el aumento en el número de denuncias.

En los últimos meses se incrementaron los delitos patrimoniales, en especial robo a negocio y robo a casa, comentó Jesús Cavazos, consejero de la Canaco Monterrey.

En el delito de robo a negocio, si se compara en todos los municipios, el último semestre del año anterior contra el primer semestre de este año hubo un incremento de 56%, al pasar de 1,544 denuncias a 2,409 denuncias.

Tan sólo en junio hubo 516 denuncias, cifra que no se presentó desde noviembre del 2011 cuando se registraron 558 denuncias.

El robo a casa creció 41.7%, en el mismo periodo, con 890 casos, cifra que no se veía desde el último trimestre del 2013; así como en robo a persona se incrementó 32.9%, al pasar de 677 casos a 900 denuncias.

El robo a banco también se ha disparado; según estadísticas oficiales de la procuraduría del estado que indican, comparando el último semestre del 2015 con los primeros seis meses del 2016, que se incrementó 181.8%, pasando de 11 a 31 denuncias.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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