Chihuahua

Repuntan homicidios en Chihuahua en un 33%

El Estado de Chihuahua es el segundo con mayor cantidad de homicidios dolosos en el país, solo detrás de Guerrero.

El sexenio de Duarte ya acumula más homicidios que el de su antecesor.

La Mesa de Seguridad y Justicia del Fideicomiso de Seguridad (Ficosec), informó que en junio se cometieron 20 homicidios dolosos en la ciudad de Chihuahua, lo que significa 33% arriba de la meta, la cual es de 15 asesinatos por mes.

Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la Comisión destacó que junio estuvo a punto de ser verde en general, en cuanto al bajo índice de los otros delitos como robo de autos, a casa habitación, negocios, extorsión y secuestros, pero sólo por los homicidios que se encuentra en atención por parte de la agrupación de monitoreo empresarial.
En cuanto a los homicidios dolosos detalló que hubo 20 víctimas por encima de la meta de 15, donde 17 fueron hombres y 3 mujeres, cifra que había sido baja, en marzo fueron 9 con tendencia positiva, en abril 16 pero en mayo subió hasta 23 eventos, “hacer clara llamada a muestras autoridades para poner atención en esto”.
Comentó que monitorean a medios para comparar, “el observatorio ciudadano contrasta las cifras, no significa que no creamos las cifras oficiales, es para obtener otros datos en la observación”, información en la que reportaron en mayo 20 homicidios, tres abajo, y 17 en junio, también tres, “se comporta razonablemente similar a los datos de la Fiscalía, en ocasiones es porque la persona muere en un hospital”, aclaró.
En este tema recordó que es un 85% menos que en 2010 sobre los homicidios dolosos, “tenemos un problema de corto a plazo, si tenemos oportunidad de ponerlo en orden, no se descontrola, estamos a tiempo”, advirtió.

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Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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