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Reservan 5 años información militar de caso Ovidio Guzmán

Por considerar que “su divulgación puede comprometer la seguridad nacional” y que integrantes de la delincuencia organizada traten de “emular los actos suscitados en Culiacán, en las distintas entidades del país en las que tienen presencia”, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años toda la información respecto a los partes informativos y las ordenes de mando que recibieron los elementos militares durante el operativo de detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, ocurrido el 17 de octubre pasado.

A través de una respuesta hecha pública vía la Plataforma Nacional de Transparencia, el Estado Mayor de la Sedena señala que el hacer del dominio público los informes del operativo “restaría efectividad a las actividades que realizan las fuerzas armadas contra la delincuencia organizada para coadyuvar con el Gobierno Federal en la pacificación del país, poniendo en riesgo la vida, seguridad o salud del personal militar que se encuentra desplegado en el estado de Sinaloa”.

El informe precisa que quedan por demás acreditados los hechos suscitados el 17 de octubre en Culiacán, donde personal militar que se encontraba en apoyo de autoridades civiles fueron agredidos por parte de integrantes del crimen organizado, “quedando demostrada su presencia real, su capacidad de organización y de fuego, además de la evidente intención de desestabilizar el Estado de Derecho de forma criminal con sus actos”.

Agrega que las conductas de los sujetos identificados con el Cártel de Sinaloa pusieron en peligro la seguridad de los ciudadanos al cometer actos como toma de rehenes, privación ilegal de la libertad de personas y ataques simultáneos con el empleo de medios violentos como armas de fuego de grueso calibre y granadas de carga explosiva dañando y/o destruyendo bienes muebles o inmuebles, lo que originó temor en la población “y presionó al Gobierno Federal para cesar las acciones que se realizaban en su contra con el objeto de evitar mayores daños”.

Por lo anterior, al difundirse la información solicitada, integrantes de la delincuencia organizada que operan en todo el país, estarían en condiciones de estimar nuestros efectivos y capacidades para tratar de emular los actos suscitados en Culiacán, en las distintas entidades del país en las que tienen presencia con la finalidad de obligar al Ejército Mexicano a emplear y desgastar a los efectivos militares, provocando el descuido de las áreas prioritarias del país”, subraya el reporte.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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