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México

Resolverá Corte ley antibronco en Chihuahua

Las leyes electorales de Chihuahua y Veracruz que establecen candados para registrar candidatos independientes en los próximos comicios locales fueron impugnadas mediante dos acciones de inconstitucionalidad que el partido Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ambas impugnaciones fueron admitidas a trámite por el máximo tribunal, por lo que en un primer acuerdo de la Sección de Controversias de la Corte solicitó a los congresos de Veracruz y Chihuahua que entreguen copia de los decretos combatidos por Movimiento Ciudadano, partido que apoyó la candidatura independiente del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

En su recurso de inconformidad, Movimiento Ciudadano considera excesivos los candados que se impusieron a las candidaturas independientes, principalmente el artículo que en Chihuahua obliga a un aspirante ciudadano a no tener militancia en ningún partido político por un periodo de hasta tres años previos a los comicios que se van a celebrar el próximo año.

Además, también se prohíbe que puedan postularse como candidatos independientes aquellas personas o ciudadanos que se hayan postulado por un partido político en anteriores comicios locales, restricción que se aplicaría para la gubernatura y para las presidencias municipales.

La reforma electoral aprobada en Chihuahua el pasado 29 de junio también prevé incrementar el número de diputados locales de 33 a 36, por lo que también existe inconformidad del Partido Acción Nacional (PAN) que en los próximos días podría presentar su propia acción de inconstitucionalidad.

En el caso de la legislación veracruzana, se impugna la exigencia de que los candidatos ciudadanos gocen de “buena fama pública”, requisito que además de no estar previsto en la Carta Magna, queda a criterio de los consejeros del organismo electoral estatal.

Con la impugnación a las leyes electorales de Veracruz y Chihuahua, ya son cuatro entidades en las que se cuestionan las llamadas leyes antibronco por las restricciones a candidaturas independientes.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que en Veracruz también se pretende que el Congreso local designe al Secretario Ejecutivo del organismo electoral estatal, lo que contraviene la reforma electoral aprobada por el Congreso y, por lo tanto, transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Previamente, se habían promovido seis acciones de inconstitucionalidad en contra de los códigos electorales de Baja California y Tamaulipas por parte del PAN, Morena y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En Baja California, uno de los candados que se les imponen a los candidatos independientes es que sólo se les otorgaría el registro si consiguen 2% de las personas inscritas en el padrón electoral del estado, es decir, se les exige contar con el mismo porcentaje del padrón nominal que se les pide a los partidos para no perder su registro.

En Tamaulipas, la reforma electoral impuso a los aspirantes a una candidatura independiente el requisito de juntar firmas de hasta 3% de los electores registrados en el padrón nominal, cifra que es incluso más alta de lo que se exige a nivel federal para los aspirantes sin partido político.

Con una votación superior a 50% de los votos emitidos, Rodríguez Calderón, El Bronco, se convirtió en el primer candidato independiente que triunfa en unas elecciones para gobernador, superando a sus rivales del PRI, PAN, PRD y Morena en los comicios del pasado mes de junio.

Una vez que las acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte, ambos recursos legales serán turnados a un ministro que revisará si cumple con todos los requisitos para ser procedente.

En caso de que se confirme la procedencia, el propio ministro ponente deberá analizar el fondo del asunto y elaborar un proyecto de resolución que debe ser votado en el pleno.

El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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