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Retira Gobierno Municipal alrededor de 9 toneladas de llantas de un negocio

Los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Servicios Públicos realizó un operativo de revisión en un negocio dedicado a la compra/venta y reparación de llantas, luego de una denuncia interpuesta por los vecinos de la colonia Alfredo Chávez.

Derivado del reporte por la gran acumulación de llantas en el frente de un desponchado ubicado en el Periférico de la Juventud y Río Grijalva, se procedió por parte de Guardianes Ecológicos a realizar una notificación para el retiro de dichos residuos.

Cabe destacar que la primera notificación al desponchado fue el 28 de mayo del presente año y se le dio un plazo para la limpieza, la cual no fue cumplida, por lo que se le volvió a notificar el 10 de julio, dándole un plazo de 12 horas para el retiro de los neumáticos, al no ser atendido se procedió a multar el 11 de julio.

El lunes 12 de agosto el grupo de Guardianes Ecológicos inició con el acarreo de las cientos de llantas del lugar, para lo cual se llenaron dos macro contenedores y cajas de las camionetas ligeras tipo estacas, con 9 toneladas de neumáticos, a fin de que fueran dispuestas en el Relleno Sanitario.

Debido al gran volumen de llantas que había en el sitio, será necesaria una nueva visita para continuar con la limpieza, que se programó para el próximo lunes 19 de agosto durante la mañana.

De acuerdo al Reglamento de Servicios Públicos para el Municipio de Chihuahua, los propietarios o encargados de las llamadas vulcanizadoras, deben contar con un contrato de empresa privada, o bien, mostrar comprobante de depósito de llantas en el Relleno Sanitario, pues de lo contrario se harán acreedores a una sanción económica.

Es en el artículo 181 del reglamento antes mencionado, indica se sancionará con multa a quien: “IV. Como propietario, encargado o arrendatario de estacionamientos y talleres para la reparación de automóviles, carpintería, pintura y establecimientos similares, no ejecuten sus labores en el interior de los mismos, realicen sus actividades en la vía pública o no transporten por su cuenta al relleno sanitario, los residuos sólidos no peligrosos que generen”.

Ante ello, el director de Servicios Públicos, Ricardo Martínez García, exhortó a los propietarios o encargados de desponchados a que realicen la disposición adecuada de sus residuos, principalmente los neumáticos usados, ello a fin de prevenir algún siniestro, como algún incendio y la proliferación de fauna nociva.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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