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Retiran a #LordBorracho, delegado de SRE tras escándalo por whisky

Tras protagonizar un escándalo con policías afuera de un restaurante en Hermosillo, Sonora a los que pedía le permitieran seguir tomando bebidas alcohólicas, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta entidad, Jesús Benjamín Hurtado Aguirre presentó su renuncia al cargo.

Fuentes de la Cancillería mexicana informaron que la separación voluntaria del funcionario se había derivado después de que conociera que su caso lo analizaría el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la dependencia federal.

Benjamín Hurtado fue videograbado hace una semana en estado de ebriedad y amenazando a policías que le pedían retirarse de un restaurante en la capital sonorense.

Lo único que quería era tragarme el poquito whisky que tenía adentro (…) porque mañana le llego al presidente de la República y a Marcelo Ebrard y a ya sabes quién (…) para que me dejen tomar mi trago aquí y ya me voy”, comentó mientras mantenía una conversación telefónica”.

Este día, el funcionario acusó a las autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo de atacarlo políticamente debido a que apoya a Petra Santos, la ex candidata a la gubernatura y quien quiere repetir en la contienda de 2021.

De acuerdo con medios locales, el hasta hoy servidor público rechazó haber estado alcoholizado en la discusión con los policías, pese al video que circula en redes sociales

Salí, cuando uno de los guardias del interior me quiso agraviar, yo le mande llamar a la policía, pero cuando la policía llega allá la presidenta municipal cambia toda la chingadera, vamos a chingar a Benjamín, y se acabó, ese es todo el asunto, es un asunto político nada más»

Porque Petra anda detrás de la gubernatura, porque la sinvergüenza de la casquivana de la presidenta municipal, quiere ser otra vez presidenta municipal, y evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, eso es todo, nada mas, y le puedes poner casquivana, así como te lo acabo de mencionar», dijo al informativo Meganoticias.

Benjamín Hurtado es empresario de Hermosillo y previamente en 2018 fue secretario de enlace de la Asociación de Abogados de México y subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en 2014.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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