En vísperas de rendir protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del estado desistió de la acusación en contra de la panista María Eugenia Campos Galván por presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.
Así, la exdiputada local y alcaldesa de la capital de Chihuahua limpia su camino para asumir sin cargos la gubernatura del estado el próximo miércoles 8 de septiembre, en una operación que toca varias bandas en la justicia local.
La gobernadora electa enfrentaba dos procesos judiciales. En uno de ellos, asentado en la causa penal 3022/2020, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando Campos Galván era alcaldesa de la capital. Este es el caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.
El otro proceso contra la panista fue judicializado en la causa penal 2821/2020, en la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) –una autoridad ministerial ajena a la Fiscalía Anticorrupción— logró que Maru Campos fuera vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte en el periodo en que la panista era vicecoordinadora de su bancada en el Congreso local.
Sin embargo, el Poder Judicial estatal convocó a una audiencia donde la gobernadora electa apelará esa vinculación a proceso el próximo martes 7 de septiembre, un día antes de su toma de protesta. Se prevé que el juez conceda la revocación, con lo que Campos Galván asumiría el cargo sin una sola acusación en su contra, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal.
Adicionalmente, el Tribunal Electoral federal resolverá impugnaciones por presuntas irregularidades en la elección de la gubernatura. El asunto, en manos de la ponencia de la magistrada Mónica Soto, confirmará el resultado de los comicios a favor de Maru Campos, adelantaron fuentes de la Sala Superior.
Anteriormente, el Tribunal Electoral ya había determinado que la panista sí podía ser candidata aun cuando estuviera vinculada a proceso, pues, en tanto que no existía una sentencia en firme en su contra, sus derechos político-electorales estaban vigentes.
El desistimiento
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, cuya titular es Gemma Chávez, solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván en la causa penal 3022/2020, presentada ante la autoridad judicial por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho.
Esa audiencia, que fue solicitada desde el 16 de diciembre de 2020, nunca se llevó a cabo, debido a que la gobernadora electa promovió varias suspensiones judiciales para aplazar su realización.
El desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue declarado procedente por la jueza Hortensia García.
La Fiscalía explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.