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Retiran fuero a regidor que fue captado en flagrancia robando cable

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En un acto sin precedentes, el Congreso de Coahuila retiró hoy el fuero constitucional del regidor de Arteaga, José Arcadio González Peña, con lo cual ahora podrá ser juzgado como cualquier ciudadano por el delito del que se le acusa, el robo agravado de cableado telefónico en flagrancia.

 

Al mediodía de este lunes, en sesión extraordinaria los diputados del Congreso del Estado se erigieron como Jurado de Sentencia con relación al procedimiento de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal que se inició en octubre pasado a iniciativa del Procurador de Justicia en Coahuila, Homero Ramos, en contra de Gonzalez Peña.

 

Tanto la parte acusadora como la acusada fueron citados a las 13:00 horas de hoy para estar presentes en la lectura de síntesis, conclusiones, discusión, votación y resolución del proceso, sin embargo González Peña no se presentó. Los que sí estuvieron en la Sala de Sesiones fueron tres representantes del Ministerio Público.

 

La Comisión de Juicio Político del Congreso del Estado determinó, tras la investigación, que se comprobó la actividad del delito de robo agravado de cobre que dio origen al proceso de desafuero.

 

«Se desprende la existencia de responsabilidad del servidor público en lo que fue señalado por el procurador Homero Ramos Gloria», afirmó el dictamen que fue leído durante el procedimiento de ayer.

 

Transcurridas las intervenciones de los diputados José María Fraustro, Jesús de León Tello, Claudia Morales Salazar, Luisa Gallegos y Sergio Garza Castillo, se procedió a la votación y resolución del proceso.

 

Con 23 votos a favor, 0 en contra y sin abstenciones, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad retirar el fuero constitucional a José Arcadio Gonzlaez Peña como regidor del municipio de Arteaga, con lo cual la Procuraduría General de Justicia en el Estado podrá procesarlo por el delito del que se le acusa.

Vanguardia

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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