Opinión

El Reto del PRI en Chihuahua por Gerardo Elizondo

El Partido Revolucionario Institucional debe de tomar medidas importantes para poder recuperar la credibilidad de las personas a lo largo y ancho de todo el Estado.

Tras la derrota electoral del pasado mes de Junio, los gobiernos municipales y el estatal se depurarán. Lo anterior, desde mi punto de vista, es positivo en una democracia. Esta depuración no sólo será en el gobierno, a su vez se dará dentro del PRI ya que se reacomodarán los grupos y quedarán más fuertes aquellos miembros del partido que han actuado con una vocación real de servicio y han dado resultados positivos.

Por: Gerardo Elizondo

El partido requiere cambios, caras nuevas, frescas, aparte de cambios estatutarios que hagan más democrática la designación de los lideres del mismo, como pueden ser elecciones internas. La ciudadanía también tiene que comprender que los nuevos liderazgos del partido no serán como los anteriores, el PRI debe de reformarse y designar a personas capaces, con vocación política y sobre todo honestas.

Sin duda, después de la entrada del Gobernador Electo, Javier Corral, el PRI deberá destituir a los actuales dirigentes, tanto estatal como municipales, los últimos principalmente en las ciudades más importantes del Estado.

En particular, el próximo dirigente del PRI en el Estado debe de ser alguien que logre consolidar al partido, logre darle credibilidad y sea un gran gestor para poder negociar los cambios internos que el partido requiere para lograr los fines antes descritos.

Ciertamente, el descontento de la ciudadanía con el actual Gobierno priísta a manchado de sobremanera la imagen del partido, pero las personas deben de ser conscientes que el mal gobierno lo realizó un grupo del partido, un clan de ladrones cínicos, y que no fue un acto de TODO el PRI y si bien los dirigentes actuales pertenecen a ese grupo, los nuevos dirigentes no pertenecerán ya que las condiciones y el contexto actual no permitirán que personas de ese grupo sigan dirigiéndolo. Por lo que los nuevos dirigentes vendrán arrastrando ese descontento generado por el gobierno actual y tendrán que demostrarle al pueblo que NO siguen la misma ideología del grupo de Duarte, sino una ideología de cambio, reestructura y con el propósito de hacer la labor que les corresponde que no es más que servir a la ciudadanía y aportar para que a ésta le vaya mejor. Como uno de los priístas buenos más importantes de Chihuahua y opositor a las acciones del actual gobernador César Duarte dijo: “Hay que distinguir entre duartistas y priístas”.

Ahora se dará la oportunidad de que los buenos priístas (que sí los hay) operen el partido, aquellos que, en cuanto se percataron de los malos manejos y la corrupción del gobierno del Estado en turno, se retiraron del mismo y desde fuera de él hicieron señalamientos puntuales de las corruptelas de varios gobernantes, pero nadie los escuchó en aquél tiempo y debido al “cerrazón mediático”, orquestado por el gobierno en todo el Estado, sus señalamientos se vieron opacados, descalificados y minimizados.

Ojalá que los nuevos dirigentes del PRI tengan esta visión y lo más importante; que tengan vocación real de servicio a los demás. En lo personal no me cabe la menor duda de que hay priístas con estas características positivas y que ellos serán quienes recuperen la credibilidad del partido en base a reestructuras internas y resultados observables, pues el pueblo lo demanda y merece que la política se eleve de nivel y se haga bien en nuestro gran Estado. Ese es el reto que el PRI tiene a la vuelta de la esquina.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.