Conecta con nosotros

Slider Principal

Reúnen a 3 mil 500 personas que buscan regularizar autos ‘chuecos’

Ante más de 3 mil 500 agremiados y dirigentes de los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, la organización Onappafa que defiende a los propietarios de vehículos extranjeros, realizó una asamblea para presentar los avances de lo que será la próxima regularización de unidades, la cual se encuentra ya a un paso de ser aprobada por el Senado de la República.

La reunión fue encabezada por el Presidente Nacional de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, José Guadalupe Barrios Núñez y el Presidente del Frente para la Cuarta Transformación en México, Elías Miguel Moreno Brizuela, los cuales dialogaron con los propietarios de unidades sobre el nuevo proceso de regularización.

Elías Miguel Moreno Brizuela, fue el encargado de presentar ante el Senado de la República la iniciativa elaborada por Onappafa y explicó que decidió hacerlo, porque los objetivos de la organización coinciden con los del Frente para la Cuarta Transformación que es la defensa del patrimonio de los ciudadanos.

Indicaron que la propuesta de regularización de vehículos fue bien vista por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso dio indicaciones para que esta no sea con fines recaudatorios, sino de apoyo a los dueños de las unidades que son personas de escasos recursos.

En el evento, Moreno Brizuela hizo un reconocimiento a los senadores de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero y Américo Villarreal Anaya por impulsar en la cámara la propuesta de regularización, así como al Dirigente Estatal de Onappafa en el estado de Chihuahua, Humberto Meza, por haber elaborado el documento.

Por otra parte, en la reunión se anuncio que Onappafa se une al Frente para la Cuarta Transformación y Moreno Brizuela, les tomó la protesta a todos los presentes como Ciervos de la Nación para defender los intereses de los mexicanos.

El Dirigente Nacional de Onappafa, José Guadalupe Barrios Núñez, manifestó que la regularización es un hecho y que a parte de realizar esa acción a favor del patrimonio familiar, la organización que encabeza, va a realizar otras actividades relacionadas con la defensa de la vivienda, la cual están preparando y próximamente habrán de anunciar.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto