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Revela Emilio ‘L’ otro soborno de 84 mdp a Anaya, Cordero y más

El ex director de Pemex, Emilio “L”, afirmó que tiene en su poder recibos de un segundo paquete de soborno a exsenadores de poco más de 84 millones de pesos, los cuales fueron entregados en 2014 y que sumados a los del primer paquete da un total de 164 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Energética.

De acuerdo con la información presentada ayer por Ciro Gómez Leyva, en Imagen Noticias, en su segunda parte de su declaración, el exfuncionario indicó que los sobornos eran repartidos a los legisladores que indicaban el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Cuando a Odebrecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo para ser entregado a legisladores, que indicaban Luis Videgaray, y Enrique Peña Nieto.

“Detalló que, el dinero era entregado por Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, y se llevaba a las oficinas de Montes Urales número 425 en Lomas de Chapultepec, donde legisladores enviaban por él”, detalló a la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex director de Pemex precisó que de los 84 millones de pesos entregados en 2014 en este segundo paquete, 32 millones fueron dados al exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, y el resto a los ex legisladores panistas Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Ricardo Anaya, quien después competiría por la presidencia.

Según declaró el exfuncionario en el gobierno de Peña Nieto, Vega Aguilar recibió tres pagos en abril de 2014: el primero fue de 6 millones 400 mil pesos, el día 11; 12 millones 800 mil pesos, el día 21; y 12 millones 800 mil pesos, el día 22.

Aunque no detalló cuánto dinero recibieron los exsenadores panistas, las entregas a Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Ricardo Anaya habrían sido en cuatro partes por un monto de 52 millones 390 mil pesos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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