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Revela SCT audios sobre caída de helicóptero en Puebla

A dos meses de la caída en Puebla del helicóptero en el que viajaban la gobernadora Martha Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los audios entre la Torre de Control y los pilotos de la aeronave.

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador urgiera a la SCT transparentar la información sobre este accidente, el secretario Javier Jiménez Espriú dio a conocer las grabaciones en las que los pilotos del helicóptero mantienen comunicación por unos minutos con la torre de control antes de caer el pasado 24 de diciembre.

Informó que fue a las 20:39 horas la última comunicación con los pilotos de la aeronave Augusta-Westland, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V., y cuatro minutos después la torre de Control de Puebla intentó comunicarse de nueva cuenta en 11 ocasiones y no 9 como lo había comentado anteriormente.

«Dije que había habido nueve comunicaciones, pero Fueron 11 intentos de la Torre de Control para obtener respuesta del piloto del avión. Hay un lapso entre estas comunicaciones fallidas que es del orden de 15 minutos; hay 15 minutos donde no pasa nada», comentó el subsecretario de Transportes de la SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel.

Al ser cuestionado sobre si se han encontrado evidencias de que el accidente fuese causado por un error humano, el funcionario descartó esto, ya que, reiteró, que los pilotos estaban capacitados, con horas y exámenes en regla, para pilotear.

Además informó que el helicóptero despegó de una propiedad privada a la que dijo pertenecer a “Chedraui, un empresario”, por lo que descartó que haya habido una “manipulación externa” del helicóptero.

En cumplimiento con la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, aseguró que toda la información sobre este caso será transparentada.

«Cuando esté el dictamen de los expertos habrá total transparencia y lo que se pueda ir informando en el camino también se irá abriendo. No habrá maquillaje de nada. La transparencia quedará plenamente documentada. Queda absolutamente transparente todo en cualquier momento, no hay restricciones”, aseveró.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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