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Revelan moches en reparto de teles digitales de Sedesol

Funcionarios del Gobierno federal recibieron moches por el programa de reparto de televisiones para la transición digital, reveló The Wall Street Journal.
De acuerdo con la publicación, el proceso de transición digital en 2014 y 2015 estuvo envuelto en corrupción en distintas etapas que se complementaron con conflictos que interés que han caracterizado la gestión de Enrique Peña Nieto.
En las primeras etapas de la compra de televisores el Gobierno descalificó a Samsung, el productor de pantallas más grande de México, porque sus modelos no cumplían especificaciones técnicas, según el resultado de la licitación.
Una unidad de la firma de Taiwan Foxconn Technology quedó en segundo lugar y entregó 1.5 millones de televisiones en las primeras tres rondas.
Según la publicación, la empresa Diamond abasteció el 63 por ciento de todas las televisiones, casi 6.5 millones, por 900 millones de dólares, y fue la única compañía que recibió contratos en todas las rondas de compra organizadas por la SCT.
Rodrigo Ramírez, Oficial Mayor de la SCT, afirmó que los contratos sin licitación otorgados a Diamond, como uno por 460 mil televisiones un mes antes del límite para el apagón analógico, se otorgaron por falta de tiempo para lanzar otra licitación antes del 31 de diciembre.
Una fuente con conocimiento de los contratos afirma que la razón por la que fueron descartadas otras empresas internacionales es porque no quisieron pagar moches.
La fuente afirma que los moches que se pidieron oscilaban entre 12 y 18 dólares por unidad entregada.
Ramírez negó la acusación en la publicación de The Wall Street Journal. “Lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque se trata de compañías serias, no globales pero casi. Tienen tratos en Asia y en EU” cita el artículo, “cuestionar el procedimiento equivale a cuestionar a la compañía involucradas”.
Tras obtener los contratos de la SCT, Diamond buscó financiamiento de millones de dólares con bancos privados, pero no lo logró.
El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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