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Revisar tu ticket de compra al salir del súper va contra la ley: Profeco

El Procurador Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, Walter Alejandro Montaño Chávez, informó que se impondrán multas a todas las tiendas que a la salida pongan a personal a revisar que los productos que los clientes adquirieron coincidan con el ticket de pago, porque es ilegal y pidió denunciar estos actos.

En ese sentido, indicó que las multas para los supermercados que revisen los tickets van de 250 a 9 millones de pesos. Además, se tendrá que hacer la reparación del daño moral e indemnizar por daños y perjuicios ocasionados.

De acuerdo con los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los proveedores de bienes o servicios tienen prohibido atentar contra la libertad de los consumidores, bajo el pretexto de registro.

Sin embargo, no opinó lo mismo en tiendas de autoservicio donde los clientes tienen membresías y por ello estarían excluidos de estos artículos.

Sobre los robos en supermercados, la Profeco indicó que si un cliente es sorprendido cometiendo un delito, los proveedores deben poner al infractor a disposición de las autoridades y deben apoyarse de las cámaras de seguridad.

“Nadie puede presumir que vas a salir con algo robado nada más porque sí, está afectando la integridad de la persona y los derechos inalienables, pero si ellos lo hacen porque han tenido robos lo tienen que resolver directamente con las cámaras que tienen (…)”, explicó.

De acuerdo con Leslie Medina Cruz, especialista de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), hay bandas de delincuentes bien organizadas que han convertido esta práctica en un oficio ilícito, pues cada saqueo puede oscilar entre 40 mil y hasta 100 mil pesos.

No obstante, el problema tiende a crecer cada vez más, pues los pequeños robos se han incrementado 152% durante los últimos cinco años, y los hurtos son más frecuentes en épocas de mayor afluencia.

Pero, la especialista asevera que la situación se agrava al tener en cuenta que, en algunos casos, los ladrones tienen algún vínculo con los propios empleados, proveedores o personal de seguridad de las compañías afectadas.

Fuente: Radio Fórmula

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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