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Ricardo Anaya no retomará la dirigencia del PAN; nuevo presidente del partido, antes de que acabe el año

Santiago Creel, excoordinador en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, dijo que éste no buscará volver a la dirigencia del partido, aunque seguirá cerca de su estructura, de acuerdo con Reforma.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio). Durante la campaña ya tenía la de idea de si los resultados no le favorecían, estar cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, dijo Creel al diario.
Damián Zepeda, actual dirigente del PAN, también dijo que Anaya no retomará el mando panista.

“Yo siempre fui cuidadoso, porque creía que era su decisión y tema de él decirlo; pero la verdad de las cosas es que desde antes de la elección, él siempre manifestó al equipo, y a mí en lo personal, que no, que tomó su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia”, dijo Zepeda.

Por estatutos, el partido debe renovar dirigencia en el segundo semestre de este año. Es decir, el cambio podría ser ahora mismo, o hasta diciembre.

Siete gobernadores y más de 30 panistas, en su mayoría diputados federales, señalaron que es necesario refundar al PAN, y rechazaron que luego de perder la elección, Ricardo Anaya regrese a dirigir este partido.

La Asociación de Gobernadores del PAN, integrada por los mandatarios de Durango, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Puebla y Quintana Roo, aseguraron que el partido necesita de un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos dentro del partido.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, advirtió en entrevista con Reforma que tanto Anaya como Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, resienten un “natural desgaste”.

“Lo saludable es encontrar a alguien que pueda sumar a todos, que pueda dialogar con todos”, expresó.

Rosas Aispuro reconoció que el último proceso electoral deterioró al PAN, y atribuyó el desgaste a la conformación de una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano.

“Fue un proceso que dejó a mucha gente del partido fuera de posibilidad de competir, sobre todo en espacios donde el PAN había sido muy competitivo históricamente”, apuntó.

También dijo que la permanencia de Damián Zepeda al frente del partido es un tema que se tiene que revisar, y omitió mencionar algún nombre que pudiera asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

“Anaya y Zepeda deben renunciar ya”
A través de una carta, más de 30 panistas de diferentes estados del país, en su mayoría diputados y exdiputados federales, expresaron su rechazo hacia el trabajo de Anaya, Zepeda y su equipo.

En la misiva, los panistas manifestaron que la jornada del domingo 1 de julio, cuando el 53% de electores votaron por López Obrador, significó para el PAN “la mayor derrota desde que se celebran elecciones competidas en México”.

Por ello, miembros del blanquiazul en estados como Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco, entre otros, exigieron a Anaya, Zepeda y su equipo que “deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido”.

“La institucionalidad del Partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El PAN debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”, expresaron los militantes.

Los 32 firmantes exigieron la renuncia inmediata de todos los miembros del CEN del PAN, convocar a una Comisión Permanente para nombrar “de manera urgente” a un presidente interino y la realización de una auditoría financiera a los ejercicios de 2017 y lo que va de 2018.

Asimismo, pidieron que se nombre a una “comisión plural de miembros del partido” para realizar un análisis que tuvo la conformación de la coalición Frente por México, así como los métodos de elección interna de todos los aspirantes en proceso recién terminado y un balance sobre el desempeño de todos los candidatos del PAN a todos los puestos de elección popular y de los retos futuros.

“Exigimos las rectificaciones pertinentes del partido para llegar a contribuir entre todos a la realización de su misión”, concluyeron.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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