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México

Riña en Topo Chico deja 30 lesionados

Luego del traslado de 501 reos de los penales de Nuevo León a los Ceferesos de Ramos Arizpe, Coahuila y Morelos, se desataron una serie de disturbios tanto en el interior como exterior del penal del Topo Chico, este miércoles con saldo de 30 personas heridas.

Los hechos se registraron poco después de las 11:30 horas y posteriormente arribaron ambulancias de Cruz Roja a las instalaciones del centro penitenciario.

No tenemos, no existe ningún reo que haya sido baleado”, mencionó en el lugar Antonio Chávez, quien se identificó como director de gobierno y salió para tratar de calmar los ánimos de la gente.

Por otra parte, el gobierno del estado, a través de un comunicado, reconoció la existencia de 30 personas lesionadas, de los cuales 12 son custodios y 18 internos.

De acuerdo con Chávez había un custodio herido de gravedad por arma punzocortante.

Sobre las detonaciones que refirieron los familiares de los reos sostuvo que fueron de balas de salva.

Al exterior del Penal se aglomeraron una gran cantidad de personas que exigían información sobre sus familiares debido a que se les notificó que las visitas estaban canceladas.

En un momento se desató una trifulca entre los uniformados y los parientes de los reos. Los inconformes lanzaron sillas, mientras que los policías utilizaron bombas de humo para dispersar a los rijosos.

Las cosas no terminaron ahí ya que luego bloquearon la avenida Aztlán lo que provocó un intenso caos vial en la zona.

Los ánimos se calmaron cuando las autoridades anunciaron que se iba a permitir el ingreso y la gente comenzó a formar una fila, por lo que deshicieron el bloqueo.

En el lugar se colocó una lista con el nombre de 300 reclusos que fueron reubicados en otros penales.

Por la mañana, el secretario General de Gobierno, Manuel González informó que los traslados forman parte de la despresurización de los penales estatales: Topo Chico, Cadereyta y Apodaca, así como el Femenil. Detalló que de los reos trasladados 461 son hombres y 40 mujeres.

El objetivo de la administración estatal es obtener la certificación del Proyecto Mérida.

Queremos la certificación y la vamos a obtener hasta que no tengamos terminados y construidos (la ampliación en los penales de Apodaca y Cadereyta)”, puntualizó.

Los traslados se realizaron durante la noche del martes y se extendieron hasta la mañana de este miércoles; participaron más de mil elementos de Fuerza Civil, Seguridad Penitenciaria y la Policía Federal.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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