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Chihuahua

Rinde Presidente de la CEDH informe anual de actividades

Reunidos en el Recinto del Poder Legislativo, los representantes de los Tres Poderes del Estado recibieron el Informe Anual 2016 del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado José Luis Armendáriz González.
En su mensaje, la Presidenta del Congreso del Estado, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, comentó que es de suma importancia el acto realizado en el Primer Periodo Extraordinario del Congreso local, debido a que de esta manera se cumple con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además se transparenta el trabajo tan loable que desempeña la Comisión, como es el de garantizar, proteger, defender y promulgar los derechos humanos.
Por otra parte, enfatizó que el Congreso del Estado recibió el documento que contiene a detalle las actividades que la CEDH ha realizado, respecto del año 2016, el cual será analizado a profundidad, para posteriormente llevar a cabo un intercambio para entender de viva voz del derecho humanista, las luces de la situación actual de la Entidad en la materia y cómo se han cumplido las recomendaciones
Dentro de la exposición de su informe, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informó que es un deber republicano el informar la forma en que fue ejercido el mandato y los recursos públicos asignados, por lo que acudió a realizar el acto ante los Tres Poderes del Estado y la ciudadanía en general.
Así mismo, señaló que durante el periodo que se informa, fueron atendidas mil 123 quejas durante, de las cuales el 44 por ciento fueron conciliadas; se capacitó en temas de derechos humanos a 147 mil 986 personas; fueron instruidos 26 mil 391 servidores públicos en la materia.
Además, fueron entrevistados 451 detenidos en centros de reclusión del Estado, a fin de verificar el respeto de sus derechos y evitar tratos indignos, y el corroborar el estado que guardan derechos humanos de los internos.
Por otra parte, exhortó al Legislativo Estatal, valorar la pertinencia de que el sistema integral de protección a periodistas puede evolucionar a una Ley que permita fortalecer a los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Enfatizó la preocupación del organismo, debido a que aún hay 24 ayuntamientos que continúan incumpliendo el Mandato Constitucional que los obliga a designar a un representante indígena ante el Ayuntamiento.
Resaltó también la urgencia de que sean protegidas las zonas del Estado donde los recursos naturales se encuentren amenazados, dado a que en la actualidad solamente la Entidad y Colima carecen de esta protección.
Por último, instó a los entes públicos a considerar las previsiones presupuestales acorde a la responsabilidad, ya que para ejercer en este año 2017, no se ha observado el cumplimiento de esta obligación.
“Es primordial avanzar en la implementación de los derechos humanos, a través de la garantía de seguridad social, hasta alcanzar la seguridad humana”, señaló el Ombudsman.
Por su parte, el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, en su discurso señaló que estos son tiempos para los ciudadanos dejen de lado la apatía y exigir juntos la garantía de nuestros derechos y de los otros.
Además, invitó al Presidente de la CEDH, continuar con labor vigilante y garante, y para que coadyuvar a que los chihuahuenses se sientan seguros y no permitir la regresión en el camino andado.
Por otra parte, aseguró que el documento presentado, será analizado con el debido cuidado, y enfatizó el hecho de que representa además un instrumento de trabajo para el Gobierno de Chihuahua.
Señaló además que serán atendidos los retos que hay en la materia, para que se cumpla con las obligaciones fundamentales.
Además, se atenderán las recomendaciones y sugerencias que el informe detalla, sin desestimar ninguna, a pesar de que muchas de ellas no correspondan al actual periodo constitucional.
Así mismo, reafirmó que el asesinato de Isidro Baldenegro será esclarecido para la implementación de la justicia, ya que el lamentable suceso compromete a seguir el trabajo para que las personas defensoras de los derechos humanos, se sientan plenamente seguros en la realización de su labor.
Por todo lo antes expresado, instó al licenciado Armendáriz González, a trabajar de manera conjunta a fin de garantizar a cada persona, el pleno goce y protección de los derechos humanos.

Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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