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Rompe récord pandemia en Chihuahua con casos confirmados, hospitalizados e intubados

El reporte técnico de la situación de la pandemia de COVID-19 indicó que se registraron 359 nuevos casos confirmados y un acumulado de 20 mil 143, así como otras 17 defunciones para un total de 1 mil 634.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, señaló que los números reportados en la actual semana epidemiológica 41, son cifras extraordinarias e inauditas, que nos obligan a volver a permanecer en casa.

“En la semana 23, cuando estábamos en rojo, tuvimos el primer pico de la pandemia con 805 casos, actualmente estamos en la semana 41 y hay 1 mil 748, es más del doble, y 359 nuevos casos confirmados, jamás habíamos tenido este número de casos nuevos en 24 horas. Si cada uno contagia a 10 va a haber una catástrofe inaudita”, advirtió.

La dispersión de la enfermedad en los municipios, señala que en Ahumada hay 22 casos confirmados, Aldama tiene 39, Allende 9, Ascensión 49, Aquiles Serdán 136, Bachíniva 9, Batopilas 5, Bocoyna 142, Balleza 3, Buenaventura 9, Camargo 129, Carichí 3, Casas Grandes 11, Chihuahua 5 mil 179, Chínipas 40, Coronado 3, Cuauhtémoc 900, Cusihuiriachi 9, Delicias 973, Belisario Domínguez 2, Galeana 4, Gómez Farías 62, Guachochi 85, Gran Morelos 7, Guadalupe 9, Guadalupe y Calvo 10, Guazapares 36, Guerrero 33, Parral 704, Ignacio Zaragoza 4, Janos 16, Jiménez 95, Juárez 10 mil 329, Julimes 7, López 3, Madera 24, Manuel Benavides 17, Matachí 1, Meoqui 163, Moris 2, Namiquipa 50, Nuevo Casas Grandes 264, Ocampo 7, Ojinaga 330, Praxedis G. Guerrero 11, Riva Palacio 5, Rosales 36, San Francisco Del Oro 5, Santa Bárbara 22, Satevó 4, Saucillo 78, Temósachic 6, Urique 16, Valle De Zaragoza 6, San Francisco de Conchos 4, Santa Isabel 3, La Cruz 6, San Francisco de Borja 3, Maguarichi 1, Nonoava 2, y El Tule 1.

La información muestra que el 52 por ciento son del sexo masculino y el 48 por ciento femenino.

Con relación a las defunciones, Arturo Valenzuela dio a conocer que se registraron 17 nuevos fallecimientos, 15 de ellos son de pacientes en Ciudad Juárez y 2 de Chihuahua, con lo que hay un acumulado de 1 mil 634 en lo que va de la pandemia.

El director expuso que hay 649 pacientes hospitalizados y 140 intubados, lo que también representan un récord en las estadísticas y un enorme reto para el sector salud, que tendrá que volver a reconvertir sus instalaciones en camas especiales para COVID-19.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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