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Ruedan filme porno en Sevilla en plena vía pública

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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ha dado traslado a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de la información que obra en su poder sobre la grabación de mujeres desnudas en varios enclaves del centro histórico de la ciudad al objeto de que este hecho pueda ser investigado por la Policía Nacional por si es constitutivo de delito.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que, a su vez, en el Consistorio se mantiene abierta la investigación de carácter administrativo que se abrió el pasado domingo, cuando comenzaron a circular las imágenes de esta grabación por las redes sociales, y estudia además si procede dar traslado a la Fiscalía de Sevilla.

Asimismo, se ha localizado al titular del coche de caballos utilizado en la grabación, al que se ha pedido que colabore en la investigación, analizándose si su actuación ha podido entrañar algún tipo de conducta irregular.

Aunque el Consistorio hispalense impulsa los rodajes y reportajes fotográficos en la ciudad por su proyección turística y aportación a la industria cinematográfica local y regional, considera que este tipo de grabaciones de mujeres desnudas «no contribuyen positivamente a su imagen».

Desde el Consistorio ya indicaron que, «en ningún caso hay autorización alguna por parte del Ayuntamiento ni consta notificación de ese rodaje», y, «según las investigaciones que se han realizado hasta ahora, todo apunta a una práctica que se ha registrado en algunas ciudades europeas de tomar fotos o vídeos de desnudos en zonas simbólicas de ciudades».

Se trata de una acción que se realiza en muy pocos minutos y con un equipo mínimo, según han apuntado las mismas fuentes.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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