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Salario es insuficiente si no garantiza canasta básica: CNDH

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el salario mínimo será insuficiente mientras no garantice el derecho de la población a tener acceso a la canasta básica de alimentos.

Este miércoles, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió un pronunciamiento en torno al incremento de ocho pesos a ese ingreso, aumento, que dijo la CNDH, es insuficiente, por lo que llamó a que se procure la eliminación de las desigualdades y se revise el minisalario con enfoque humanista y no marcadamente economicista.

Ayer, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) decretó que está percepción será a partir de diciembre de 88.36 pesos al día. Al respecto, la CNDH subrayó que pese al aumento, se refleja la persistencia de que todavía no es suficiente para cubrir las necesidades de las y los trabajadores.

Recordó que en 2016 publicó el documento Salario Mínimo y Derechos Humanos, que se puede consultar en su sitio Online y en el que establece la necesidad de que este ingreso alcance para las necesidades básicas.

«Las cifras de pobreza en México se han incrementado y cuyas causas probables son que, los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores no alcanzan a cubrir para sí, ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural y educativo, lo que refleja que el salario mínimo general es insuficiente. Conforme a las líneas de bienestar que CONEVAL expone, se observa que con el incremento al salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos, resulta un total mensual de 2 mil 650.8, por tanto, éste sigue estando por debajo de la canasta alimentaria y la no alimentaria urbana, de acuerdo a los cálculos publicados en octubre de 2017, las líneas de bienestar se fijan en 2 mil 924.94 mensuales».

La CNDH resaltó que la vida digna de las personas depende en buena parte del aumento del minisalario, por lo que la construcción de éste debe darse con enfoque de derechos humanos.

«Este Organismo nacional reitera que el acceso a prestaciones laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración».

La CNDH remarcó que el Estado mexicano contempla en el artículo 123 de la Constitución el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, lo que se complementa con la Ley Federal del Trabajo que considera que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

«Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores que perciben el equivalente a uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

«En un esquema de obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, es indispensable el fortalecimiento progresivo del salario mínimo esto incluiría, trazar el alcance que corresponde al gobierno en la determinación del monto; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados».

Por ello, exhortó a las autoridades y a la CONASAMI a considerar que no solamente se está hablando de salarios, sino de derechos inherentes a todas las personas que se ven directamente comprometidos como son la salud, la educación, la cultura, la vivienda digna, entre otros.

«La CNDH con la participación de la Sociedad Civil ha impulsado diversas acciones para que el tema de salario mínimo, se incorpore de manera permanente en la agenda pública, y a la vez se realicen las acciones necesarias para que, la participación en la fijación del salario mínimo, se involucre con responsabilidad social el sector empresarial como lo señala el documento intitulado Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2011, para que otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana; se procure la eliminación de las desigualdades y revisar el salario mínimo con razonamiento humanista y no meramente economicista», finalizó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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