Chihuahua

Saldo blanco en la Jornada Electoral 2015

“Al concluir la jornada electoral 2015, el resultado en materia de seguridad es saldo blanco, ya que no se presentó algún incidente en contra de la propia elección, votantes, funcionarios o miembros de diverso Partido Político, con lo cual se garantizó la paz y tranquilidad de quienes acudieron a las urnas a emitir su sufragio”, informó el Fiscal General del Estado, Jorge Enrique González Nicolás.

El titular de la dependencia, destacó la estrategia de seguridad que se implementó con otras Corporaciones, en las que más de 15 elementos estuvieron brindando un ambiente de calma y libertad a las y los ciudadanos de los 67 municipios de la entidad, lo cual se vio reflejado el pasado domingo con la fiesta de democracia.

“Elementos de la Policía Estatal Única en sus diferentes divisiones llevaron a cabo operativos de prevención y vigilancia con el objetivo de brindar a la sociedad un ambiente de seguridad. Asimismo, agentes del Ministerio Público como órgano coadyuvante de la Procuraduría General de la República a través de la FEPADE, trabajó de manera extraordinaria en sus oficinas para atender cualquier circunstancia” indicó.

Señaló que personal especializado y ejecutivos telefónicos operaron desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, quienes estuvieron atentos para atender de manera rápida y oportuna cualquier situación de emergencia en la línea única 066.

Finalmente, González Nicolás explicó que este miércoles durante los cómputos distritales, la Fiscalía General del Estado estará apoyando con la vigilancia y el
resguardo de papelería electoral, dando cumplimiento a cabalidad de al esquema acordado con los integrantes de la Mesa de Seguridad para el Proceso Electoral.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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