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México

Saldrá Javier Duarte del gobierno de Veracruz

Javier Duarte pedirá licencia para separarse del cargo de gobernador de Veracruz y así enfrentar las acusaciones en su contra, por casos como el de las empresas fantasma.

El político dijo este miércoles a Televisa que esta solicitud que hará al Congreso de Veracruz no es para huir, sino para dar la cara y esclarecer los casos en que se le ha acusado.
Su periodo de gobierno concluía el 30 de noviembre.

Duarte dijo que antes de que inicia la próxima administración es necesario que Veracruz tenga un gobernador de tiempo completo, que no esté ocupado en responder denuncias.

En otro punto de la entrevista, Duarte dijo que tiene la conciencia tranquila, y que todas las situaciones de presunta corrupción por las que ha sido señalado no tienen fundamento.

“No soy rico, soy una persona que ha trabajado toda su vida”, expresó.

Una investigación de Animal Político, publicada en mayo pasado, detectó que Sedesol Veracruz durante el gobierno de Duarte dio más de 40 contratos a empresas fantasma por conceptos como cobijas materiales o despensas, sin que haya pruebas de que beneficiarios los recibieron.

Respecto a este caso, el político que perdió sus derechos como militante priista dijo que no tuvo responsabilidad o conexión con las empresas fantasma, y que es el principal interesado de que esto se esclarezca.

Duarte dijo que de acuerdo con la información que recibió esas empresas cumplieron con todos los requisitos para ser proveedores de gobierno, y sí cumplieron con el objetivo para el que se les contrató.

Sin embargo, expresó, debe ser investigado si en verdad cumplieron.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado sobre la presentación de 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por este caso.

La PGR también atrajo la investigación por las denuncias de enriquecimiento ilícito y peculado, presentadas en contra de Duarte por quien será el próximo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), el gobierno de Duarte repitió durante 2015 un patrón para desviar recursos, con contratos a empresas fantasma, adquisición de supuestos productos para poblaciones marginadas o damnificadas que nunca llegaron a sus beneficiarios, y emisión de facturas que amparan operaciones falsas.

La auditoría de la Cuenta Pública 2015 de Veracruz descubrió que el año pasado se desviaron más de 400 millones de pesos con este modus operandi, que coincide plenamente con el utilizado en 2012, 2013 y 2014 para desaparecer casi mil millones, como lo documentó Animal Político en un reportaje.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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