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México

Salen de penal tras estar recluidos 17 años sin sentencia

Cerca de las 23:00 horas de este viernes, Daniel García y Reyes Alpizar abandonaron el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, luego de haber permanecido 17 años en prisión preventiva y a la espera de sentencia.

A su salida de ese centro penitenciario los recibieron familiares y amigos, y manifestaron que se consideran presos políticos y que su lucha continuará en instancias internacionales.

Daniel García dijo que su liberación es un triunfo no sólo para ellos sino para todos los mexicanos, porque hoy en día existe la oportunidad de demostrar que es posible que las personas a quienes no se les ha demostrado un delito permanezcan en su casa, “y si es culpable que pague las consecuencias”.

Al salir, dijo que el Estado mexicano “le debe a la sociedad, le debe a los padres de la víctima, porque un homicida anda seguramente en la calle, seguramente siguiendo haciendo tropelías, mientras dos personas estuvimos aquí compurgando y llevando todo un proceso sin culpa alguna”.

Ambos salieron del penal con las prendas que sus familiares les proporcionaron antes de abandonar el lugar. Daniel vestía una camisa a cuadros con una chamarra café, mientras Reyes Alpizar una playera gris de manga larga.

A Daniel lo esperaban sus tres hijos, su nieta y su esposa. En tanto, Reyes Alpizar fue recibido por sus ocho hijos y 15 nietos, quienes se mostraron felices y satisfechos con la resolución que les permitirá enfrentar el proceso en libertad.

Tras su salida abordaron vehículos distintos y señalaron que se dirigirían a respectivas casas. Dieron a conocer que el brazalete electrónico que les fue colocado les permitirá transitar por todo el territorio del Estado de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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