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México

Samuel García y su familia se amparan contra posible orden aprehensión

Monterrey, NL.- El gobernador Samuel García y miembros de su familia, entre ellos su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, obtuvieron una suspensión provisional contra actos del juez primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, específicamente contra la posibilidad de que se giren órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el Incidente de Suspensión 2063/2023, proveído por Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, la suspensión provisional se otorga con el fin de que “cesen de inmediato los actos reclamados”, entre ellos la posibilidad de la privación de la libertad e incluso la vida.

?En su argumentación, el mandatario se dice víctima de persecución política, con el fin de obstaculizar sus aspiraciones.

El recurso legal protege a García Sepúlveda, a su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, y sus hermanos Silvia Catalina García Sepúlveda y Ana Cecilia García Sepúlveda, además del esposo de esta última, David Jonathan Sánchez Quintanilla.

También a la esposa del mandatario, Mariana Rodríguez Cantú, su padre Jorge Gerardo Rodríguez Valdés; su madre, Luisa María Cantú Aranda, sus hermanos Jorge Rodríguez Cantú y Eugenia Rodríguez Cantú.

“Procede conceder la suspensión de plano en los términos para los efectos precisados con relación a las autoridades responsables respecto del acto que a cada una se atribuye”, señala la resolución.

En el juicio de amparo se hace una relatoría de todos los enfrentamientos con los diputados del PRI y el PAN del Congreso del Estado de Nuevo León, por la elección del fiscal General del Estado, los recursos retenidos a los municipios por considerarlo un desvío de recursos, la reforma a la Ley de Defensoría de Oficio, la afiliación panista del presidente del Tribunal de Justicia, el juicio político a Javier Velasco, secretario General de Gobierno, entre otros.

También se revela otra relatoría de las 55 denuncias o juicios políticos contra funcionarios públicos estatales.

Además enumeran las supuesta amenazas contra García Sepúlveda y su esposa para que se desista de sus acciones contra el PRI y el PAN:

“Principalmente de la Policía Ministerial que acude a entregar oficios: que ya se deje de  ´mamadas´, que negocie y se siente con los ‘jefes’ o que van a ir escalando las acciones contra su persona y contra su equipo de trabajo, que las cosas van a topar hasta donde él quiera y que mejor se deje de chingaderas o que con fuero o sin fuero lo van a atorar en el bote y en el penal; que no va a haber quién lo defienda, que si no se cuadra también se van a chingar su familia y a la modelito de su esposa”, se detalla en el documento.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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