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Santa Lucía copia modelo de Texcoco; desplazará a animales y agravará ruido

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La ampliación del nuevo Aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, amenaza con encarecer terrenos aledaños, sobrepoblar la zona, depredar hectáreas verdes y desplazar a cientos de animales endémicos.

De esta manera —como en su momento se acusó al proyecto que fue cancelado en Texcoco— la adaptación y ampliación de la base área-civil ocasionará incluso más ruido a poblaciones aledañas al terreno.

Especialistas, sociedad civil y alcaldes advierten que el impacto ambiental será irreversible, además del desplazamiento de especies nativas como aves y mamíferos por el incremento de decibeles de ruido.

La situación es tal que exigen al gobierno presentar los estudios de impacto ambiental y levantar un censo sobre las áreas verdes que resultarán afectadas por la ampliación y adaptación de la obra federal.

En entrevista con Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, sostuvo que existe una preocupación legítima de los vecinos y comunidades en dos niveles, el primero relacionado al tema del agua y el segundo sobre la afectación de zonas verdes.

Uno de los principales argumentos es porque la base se encuentra enclavada en la Cuenca Cuautitlán, y que a la postre ocasionaría un desabasto a miles de pobladores.

“De realizarse el proyecto se estaría construyendo sobre una cuenca que tiene una sobreexplotación de 800%, la zona tiene desabasto de agua, se está extrayendo agua ocho veces más, esto significa que se puede prever un infarto hídrico”, indicó.

Ricardo Ovando, representante del Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecámac y vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida afirmó que la administración federal sigue sin atender sus demandas como pobladores aledaños al Aeropuerto.

Dijo que además del daño ambiental que detonará la construcción también se incrementará la población flotante en los municipios que rodean el sitio, ubicado en una especie de cinturón en la entidad mexiquense.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una manifestación de impacto sin estudios de riesgo y de suelo; además, tampoco levantaron estudios de medio ambiente ni de agua”, externó Ovando.

CONSULTA “PATITO”
Líderes de las organizaciones vecinales afirmaron que sólo se ha consultado a un pueblo originario de los 20 que se encuentran a los alrededores del área de Santa Lucía y que tendrían afectaciones por el proyecto del gobierno federal.

“Se convocó a gente sin los elementos científicos. En reunión con la Sedena realizada el 30 de mayo se corroboró que seis millones de litros de agua se necesitarán para atender la demanda de este aeropuerto, y todavía no sabemos de dónde se sacarán”, indicó el vocero.

A lo anterior se le suma, los hallazgos de fósiles de animales y vestigios, además del ecosistema lacustre que no están siendo tomados en cuenta por las autoridades federales.

Así lo reveló Hernán Correa, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), quien además señaló que esta obra significará un aumento en el ritmo de la Cuenca de México, y que podría colapsar servicios públicos de todo tipo, no solamente de vialidades y abasto de agua.

Fuente: Publimetro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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