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SAT presentó denuncias contra 43 empresas por facturas falsas y advirtió a contribuyentes

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que se presentará un primer paquete de denuncias en las que se ubican a 43 factureras, las cuales operan su facturación a través de servicios.

Buenrostro explicó, durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cómo funciona la red de factureros que defraudaron a la hacienda pública.

“El esquema de ‘factureros’ se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como lo es la corrupción. Algunas empresas, así, inventan facturas de gastos falsos y para disfrazar pagos ilícitos”, dijo.

Aseguró que desde el 2010 proliferaron este tipo de empresas defraudadoras fiscales, cuyo objetivo es dar servicios ilegales a otras compañías para aumentar con gastos falsos sus gastos reales, con esto disminuyen sus utilidades y así disminuir su pago de impuestos.

“El esquema ´facturero´ se basa en vendedores y compradores de dichos documentos. Muchas se utilizan para mantener empresas ficticias, principalmente basadas en construcción, manufactureras y de servicios”, indicó Buenrostro.

El procurador fiscal, Carlos Romero, también anunció que se presentarán siete querellas contra quienes ofrecen facturas bajo este esquema, el cual será presentado como defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparar este delito a delincuencia organizada.

Señaló que el esquema que se denuncia no es precisamente de facturas falsas, sino el de gastos simulados con el objetivo de contribuir menos con impuestos.

“Aquí es donde vemos el cambio verdadero en la parte fiscal”, aseguró el procurador.

Romero señaló que han sido las decisiones del presidente las que han permitido que se dé este cambio, tales como la reforma constitucional con la que se prohíbe la condonación de impuestos y equiparar la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.

“El mensaje que queremos dar es que se acabó la fiesta. Todos tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales”, recalcó el procurador fiscal.

Buenrostro reveló que el fraude por facturas falsas es de 55 mil 125 millones de pesos. Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, por lo que se dejaron de pagar 24 mil 583 millones de pesos de ISR y de 11 mil 396 millones de pesos en IVA.

También las empresas factureras pagaron nómina pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19 mil 146 millones de pesos.

La titular del SAT afirmó que ya existe un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras, las cuales se relacionan entre sí y comparten asimilados, representantes legales y accionistas.

Como primer paso, Buenrostro Sánchez apuntó que como primera medida de acción es que se presentarán cartas invitando a los contribuyentes a regularizarse.

Según se explicó las compañías comparten entre ellas 244 personas físicas que recibieron salarios asimilados, los cuales intervienen en dos o más empresas en un universo total de 8 mil 212 empresas.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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