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SAT te dará chance de cambiar a la nueva factura hasta enero

El jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, dio a conocer que se “flexibilizará” hasta el 1 de enero de 2018 la entrada en vigor de la factura electrónica versión 3.3.

En entrevista con el periodista Pablo Hiriart, adelantó que en breve anunciarán las medidas para permitir que todos los contribuyentes puedan incorporarse a la nueva versión.

Para el 1 de enero del 2018 vamos a estar trabajando con la nueva versión para que la fuente de información sea única

“Estamos considerando en el mes de diciembre flexibilizar las fechas, pero sí de lo que estamos ciertos es que no queremos tener dos fuentes de información diferente para el 2018, entonces para el 1 de enero del 2018, sin duda, vamos a estar ya trabajando con la nueva versión para que la fuente de información sea única y a partir de ahí podamos generar todas las herramientas que se generan con esta información”, apuntó Santín Quiroz.

Recordó que desde diciembre del año pasado se informó sobre los nuevos procesos y se fijó un primer plazo para la nueva versión de la factura, el 1 de junio de 2017, sin embargo ante los rezagos se abrió una prórroga para diciembre, la cual ahora contará con otro mes.

“Entendemos que cambiar el sistema de facturación de toda la economía es un proceso monumental que significa inversión, significa capacitación y representa riesgos y es por eso que llevamos un año completo llevando a cabo talleres, comunicación con todas las cámaras empresariales, con todos los proveedores de tecnología; ha sido un proceso muy intenso que lo que ha significado es tener un acompañamiento para evitar que sea disruptivo”, comentó el funcionario.

Dijo que la versión 3.3 mejora la calidad de la información que se genera, pues cuenta con catálogos que permiten que sea más precisa, para tener mayores controles.

“Al día de hoy se generan 200 facturas por segundo en nuestro país, es decir, 400 mexicanos están interactuando, empresas o personas, con el SAT de manera imperceptible y nos están generando toda la información económica del país, entonces esta información eventualmente se va a poder utilizar para cuentas nacionales, para estudios de mercado, para diseño de política pública, pero para efectos fiscales lo que nos está permitiendo es darle buenas herramientas al contribuyente de manera más sencilla”, aseguró.

El jefe del SAT destacó que en la actual administración aumentó de 38 millones a 63 millones las personas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Cuando inició esta administración en el RFC había 38 millones de personas, que representaba como 70 por ciento de la población económicamente activa; uno de los niveles más bajos”.

“Debido a las facilidades y a la presencia que tiene el SAT en varios sectores incluyendo el sistema financiero, la relación que tiene con los pequeños contribuyentes, las facilidades que está dándoles para los que se incorporan por primera vez a la actividad económica, al día de hoy ya hay 63 millones de personas en el RFC”, resaltó.

Añadió que en la actual administración se han fortalecido los ingresos tributarios y con la reforma fiscal subieron de 8.5 a 14 por ciento del PIB, sin contar los petroleros, lo que coloca a México al nivel de otros países con desarrollo similar.

Sobre la propuesta de Donald Trump de bajar de 35 a 20 por ciento el ISR, dijo que aún no son claras las condiciones para que se concrete la reforma, pero que es un tema que se revisa pues México tiene espacios fiscales más restringidos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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